Entre los 23 casos de feminicidios que se dieron durante los primeros siete meses del corriente año, llama la atención la reiterada aparición de estos hechos en el Departamento de San Pedro, justamente una de las zonas más pobres del país.
La feminista Myriam González, investigadora del Centro de Documentación y Estudios, que trabajó muy de cerca en la “Ley integral de protección a las mujeres contra toda forma de violencia”, explicó que no hay estudios que demuestren, pero que por la experiencia se puede presumir que en aquellos lugares donde hay mayor ausencia del Estado están más vulnerables las mujeres a ser víctimas de violencia.
“San Pedro es uno de los departamentos más olvidados del Paraguay; no existe un lugar donde la mujer pueda ser atendida por una sicóloga al realizar alguna denuncia”, explicó la mujer, que sostiene que si las autoridades de nuestro país tienen intenciones serias de luchar contra el feminicidio y la violencia hacia la mujer deben invertir en centros de atención, ya que el feminicidio es una culminación de una larga lucha de violencia, sostiene.
“El Estado es uno de los principales responsables de este problema. Debe garantizar una atención nacional a las víctimas. La mujer que es víctima no encuentra el respaldo necesario ni de la Policía ni de los juzgados de Paz ni de la Fiscalía”, remarcó.
Actualmente, en nuestro país se tienen 16 comisarías donde brindan atención especializada en violencia de género, doméstica e intrafamiliar, a través de la Dirección de Apoyo Técnico del Departamento de Asuntos Familiares.
Datos que publica la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) revelan que de enero a setiembre de 2016, estos centros recibieron 5.159 denuncias de hechos punibles de violencia doméstica, de las cuales son víctimas 3.290 mujeres y niñas, y 1.869 hombres y niños; casi duplicando el porcentaje de mujeres víctimas.
MAYOR PRESENCIA. Para la experta, estos centros de atención deben estar presentes en los 242 municipios que se tienen en el país. Sin embargo, sostuvo que solo serán una realidad si las autoridades desembolsan el dinero para el rubro de estas dependencias.
Según manifestó, para la creación de las comisarías de atención especializada en violencia de género se contó con ayuda económica de la cooperación española y actualmente muchas de estas oficinas se encuentran sin rubro.
La importancia de la atención tiene que ver con que los profesionales que estudian este fenómeno aseguran que un gran porcentaje (alrededor del 90%) de las víctimas de feminicidio denunciaron en otra oportunidad haber sido sometidas a violencia intrafamiliar, ya sea física o sicológica, pero que en la mayoría de los casos no tuvieron el acompañamiento necesario por parte de las instituciones correspondientes.
“La persona que ya logró denunciar tuvo que superar muchas barreras culturales; sin embargo, al no encontrar el respaldo necesario, ya no tiene a dónde ir”, concluyó.
