Una auditoría externa contratada por la actual administración de la Municipalidad de Limpio detectó aparentemente varias irregularidades financieras en la institución comunal, correspondientes al ejercicio 2011 al 2015, como venta a precios irrisorios de terrenos municipales, uso de royalties para pago de gastos corrientes y realización de obras y contrataciones de servicios sin cumplir todos los requisitos de Contrataciones Públicas.
La administración del intendente Carlos Palacios contrató los servicios de Mapa Consultora, a cargo del Lic. Miguel Ángel Pereira, para hacer una auditoría externa del gobierno anterior de Ángel Gómez Verlangieri y el último un mes del periodo que estuvo a cargo de Luis Vidallet. El trabajo se desarrolló de enero a junio último.
El informe de la auditoría señala que las transferencias realizadas entre 2011 y 2015 por la Municipalidad de Limpio a entidades e instituciones sin fines de lucro no cuentan con la debida justificación y rendición de los beneficiarios, acorde a las disposiciones legales. Así también expresa que las liquidaciones de impuestos eran realizadas sin tener en cuenta las disposiciones legales en la materia.
VENTA DE BIENES. Entre los documentos respaldatorios a los que accedió la auditoría se encontraron “ingresos por ventas de bienes por montos irrisorios que no cuentan con documentos que respalden tales actos”, indica el relato ya remitido a la Fiscalía.
Menciona como ejemplo que con el comprobante general de ingresos Nº 577086, del 14 de enero del 2015, se procedió a la venta de un terreno municipal por G. 1.000.000 a Ismilda Sebastiana Insfrán Aveiro, sin contar con otros documentos que respalden la operación.
Otra parte del informe de la auditoría revela que la Junta Municipal autorizó por Resolución Nº 1659 a utilizar los royalties del 2015 para solventar diversos gastos, con el compromiso de devolver dicho monto, pasando por alto leyes y decretos que definen los usos de los royalties.
Con los royalties hicieron pagos a la Caja de Jubilaciones y el Ministerio de Hacienda, entre otros rubros. Sobre los fondos del Fonacide, se verificaron documentos de erogaciones en el segundo cuatrimeste del 2013, en donde observaron el incumplimiento de disposiciones legales correspondientes a rendición de cuentas en obras hechas en varios centros educativos, totalizando G. 405.244.690, según la auditoría externa.
En cuanto a construcciones, apunta que varios archivos a que accedieron no contaban con contratos de obra y formas de pago. ÚH buscó la versión de Verlangieri, pero no respondió las llamadas.
