Köhn fue contratado en el Congreso en el 2013, a pedido del senador Julio César Velázquez, quien ahora es vicepresidente segundo de la Cámara Alta.
Pero el abogado defiende su postura jurídica en contraposición a Velázquez, quien se autoproclamó titular del Senado para aprobar el proyecto de enmienda, ignorando la presencia de Roberto Acevedo, quien se desempeña en ese cargo.
Para el asesor jurídico, el reglamento interno de la Cámara de Senadores, que permite una convivencia pacífica en el Parlamento, fue violado por los legisladores cartistas, luguistas y llanistas.
Explicó que el único que puede convocar a sesiones es el presidente del Senado, como lo hizo Acevedo para el jueves. Sin embargo, los 25 legisladores pro enmienda adelantaron dicho encuentro para modificar el reglamento interno y facilitar el tratamiento de la enmienda, que finalmente aprobaron el viernes 31 de marzo. “Cómo va existir una resolución si nunca hubo sesión. Es absurdo”, expresó en comunicación con Radio Monumental.
No solo rechaza este actuar del Legislativo, sino que además sostiene que la Constitución Nacional es clara en cuanto a la imposibilidad de incorporar la figura de reelección vía enmienda.
También arremetió contra las investigaciones fiscales, que imputó a 24 personas por perturbación a la paz pública, así como saqueos y daños al Congreso Nacional.
Como asesor del Poder Legislativo, lamenta la quema del edificio y el abandono del resguardo por parte de la Policía Nacional, pero rechaza la apresurada actuación del Ministerio Público.
“Creo que hay un apresuramiento e inclusive una falta de objetividad con relación a algunas imputaciones, dado a que conozco a algunas personas de este grupo, conozco su compromiso con la democracia, con la no violencia, hay gente inclusive de iglesia que ha sido imputada”, criticó.
En este sentido, expresó su decepción hacia el sistema penal, pues esta situación hace que la ciudadanía ya no encuentre resguardo en la Fiscalía para denunciar hechos punibles.
Afirmó que las represiones e imputaciones no se adecuan a los cánones de Derechos Humanos, de la ley policial o del Código Procesal Penal paraguayo.
