El legislador colorado Éber Ovelar explicó los alcances de la normativa y señaló que los diversos organismos de combate al crimen organizado que existen en el país, tendrían una mayor eficacia en la gestión, si trabajan en un marco de cooperación y coordinación, “que es lo que se pretende lograr con este marco legal”, remarcó.
Indicó que se apunta a la optimización, en todos los niveles de decisión del Estado, del manejo, procesamiento, análisis y distribución de información completa, pertinente y oportuna para los objetivos de inteligencia.
La normativa prohíbe a la Central de Inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades coercitivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal. Igualmente, revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare una orden judicial.
Ovelar dijo que el cambio principal que introdujeron hace referencia a los criterios rectores de la ley, porque se trata de un proyecto sumamente delicado y sensible.