El proyecto había recibido dictamen favorable de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara Baja. El proyecto mantiene exigencias, como la contratación de auditoría anual, máximos tiempos de espera, entre otros cuestionamientos hechos por organizaciones empresariales.
El presidente de la Comisión de Legislación, Bernardo Villalba, manifestó ayer en el pleno de la Cámara Baja y antes de que se empiecen a estudiar los puntos del orden del día que era necesaria una postergación del tratamiento del proyecto por 22 días, para brindarle mayor estudio e incluso una audiencia pública al respecto. “Esto será para que ambas propuestas (las que piden rechazarlo, es decir el sector empresarial; y la que busca su aprobación completa, o sea el ámbito social, de consumidores y sindicatos) puedan debatirse. En próximas semanas podría concluirse el trabajo, luego de recibir a las partes interesadas”, sostuvo.
Por su parte, el proyectista de la ley, el diputado Dionisio Amarilla, intervino mencionando que existen prácticas abusivas de parte de las empresas, situación que se aspira a regular, además de que hay también “medios masivos que toman posición vilipendiando al proyectista; pero eso nos fortalece y permite estar en mayor contacto con organizaciones ciudadanas”, dijo.
Amarilla agregó que aún habiendo entrado ayer a la sesión con el firme propósito de aprobar la Ley, optó por allanarse al pedido del presidente de la Comisión de Legislación, con lo que en 22 días piensa que tendrá media sanción, ya que surge del clamor ciudadano.
En su cuenta de Facebook, Amarilla aclaró que la normativa será para empresas de los sectores público y privado al momento en que la ciudadanía deba reclamar sus derechos por servicios que le cobran y proveen de manera deficiente.
