En la lista de separados durante la investigación figuran Marta Arrúa, Christian Palmas, María del Rosario Romero, Mirian Argüello y Juan Ramón Caballero. “Una vez que tengamos los resultados vamos a hacer los sumarios. El sumario es una falta administrativa que en este caso depende de lo que suceda en lo penal, porque la Fiscalía tiene que decidir a quién imputar”, explicó el abogado Andreas Olhandt, titular de la Dirección Jurídica. La denuncia fue por la falsificación de certificados médicos.
Pese a que las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) ya denunciaron el fraude, aún no se abrió el sumario a los miembros de la Junta Médica que estudian los casos de los asegurados. Unos 18 asegurados ya lograron obtener el beneficio económico, de junio a diciembre del 2016, cobrando un promedio de G. 20 millones al mes de modo individual. El pago a este grupo se suspendió mientras dure la investigación.
DEFIENDEN GESTIÓN. La doctora Marta Arrúa, anterior jefa del Departamento de Gestión Médica, señaló a ÚH que ellos no son peritos para determinar la falsedad de los documentos. “Nosotros no somos peritos para saber si un documento es falso o no. Si me acercan un resultado de laboratorio, nos fijamos en el nombre del paciente que coincida con el que estamos evaluando y que los resultados vayan de acuerdo a la patología del paciente. El médico solo evalúa al paciente y los estudios son complementarios al diagnóstico”. Los asegurados eran evaluados de manera presencial por tres médicos de la Junta Médica.
La Dra. Arrúa señaló que en épocas anteriores todos los médicos manejaban datos administrativos como años de aporte, salario y otros, pero al asumir la jefatura pidió no acceder a esos datos “porque se presta para muchas cosas”, es decir, para que la evaluación solo sea médica. “Antes no se adjuntaban a los expedientes los estudios laboratoriales, en nuestra época nosotros adjuntamos los estudios. Entonces si la intención era adulterar documentos, es ilógico que las 20 personas adjuntaran esos estudios, que son la prueba del delito en este caso”.
En otro momento dijo que no tenían espacio físico para tener un archivo en la Junta Médica, que está en la Dirección de Riesgo Laboral, pero que hizo un archivo digital que presentará durante el proceso fiscal. “Es nuestro aval”.
LAS CIFRAS
3.000 millones de guaraníes es el monto estimado que ya se pagó a los trabajadores de las navieras que no tienen invalidez.
20.000.000 de guaraníes es el monto promedio de la jubilación por invalidez que recibieron los nuevos jubilados, sin estar enfermos.
18 personas que recibieron la jubilación por invalidez por enfermedad o accidente común están en la mira de la Fiscalía.