EFE.
La resolución, firmada por el juez federal Sebastian Casanello, a cargo de la causa, incluye un aumento en el embargo que tenía el exfuncionario hasta los 60 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares).
“Todas las constancias recabadas en la presente permiten concluir que el verdadero dueño, oculto detrás de quien prestó el nombre para la operación de compra de los bienes, no era otro que Ricardo Jaime, quien tenía la capacidad económica real e ilícita pero no tenía la posibilidad de figurar como verdadero dueño debido al carácter espurio su enriquecimiento”, sostuvo Casanello en el fallo publicado por el Centro de Información Judicial.
El auto también amplia el procesamiento sin prisión preventiva a Manuel Vázquez, asesor de Jaime, por ser presunto partícipe primario del enriquecimiento de un funcionario público; así como de Silvano del Carmen Mazzucchelli, Raúl Julio Viola y Carlos Alberto Lluch por contribuir “necesariamente a los fines de ocultar o disimular el patrimonio ilícito de Ricardo Jaime”.
Según el juez, la investigación logró demostrar “la creación de un conglomerado de empresas extranjeras destinado a adquirir esos bienes” a través de “sucesivas transferencias de entidades bancarias de distintos países” para “ocultar el origen el dinero” y su “verdadero destinatario”, el exsecretario de Transporte.
La causa se inició en 2008 a raíz de un artículo en el desaparecido diario local Crítica en que señalaba cómo “inexplicablemente” Ricardo Jaime se había “empobrecido con la función pública”, según su declaración jurada, pese a llevar una vida que no coincidía con el sueldo del por entonces titular de Transporte.
Jaime, exfuncionario de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015), ya había sido condenado por la Justicia argentina en un caso por dádivas y en otro relativo a un choque ferroviario que, en 2012, dejó 51 muertos y 700 heridos en Buenos Aires.
Además, está pendiente de otro juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito y es investigado en varios expedientes más relacionados con sus operaciones durante su etapa como alto cargo del Gobierno.
