Todos los directores de las diferentes secciones americanas de Amnistía Internacional, escriben este miércoles 30 una carta a los denadores paraguayos, exigiendo la restitución de las tierras ancestrales de la comunidad indígena Sawhoyamaxa y el cabal cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra el Estado paraguayo en 2006, según informa el capítulo paraguayo de la organización internacional, con sede en Londres.
“Tras más de dos décadas de lucha, durante las cuales la comunidad indígena ha permanecido en la extrema pobreza, el Poder Ejecutivo presentó, el 14 de agosto de 2013, un proyecto de ley para la expropiación de las tierras de la comunidad. Dicho proyecto de ley está siendo analizado por el Senado. Actualmente, estas tierras son ocupadas por un particular, que se ha negado a negociar la venta de las 14.404 hectáreas que le corresponden a los Sawhoyamaxa”, destaca un informe oficial de Amnistía Paraguay.
El Poder legislativo, como uno de los Poderes del Estado, tiene en estos momentos un rol crucial que llevar adelante en el reconocimiento de los derechos a esta comunidad y en el cumplimiento con las obligaciones internacionales de Paraguay, sostiene AI.
“De prevalecer la situación actual de la comunidad, el Estado seguiría violando los derechos de los Sawhoyamaxa”, agrega.
Sentencias internacionales aún no han sido cumplidas.
Amnistía Internacional, junto con la organización no gubernamental paraguaya Tierraviva, lleva adelante la campaña “Acá estoy, necesito mis tierras”, a favor de la restitución territorial de tres comunidades indígenas, cuales son Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek, que todas pertenecen al pueblo Enxet y todas cuentan con sentencias en su favor de la Corte IDH, indica el informe.
“Paraguay es el único país que cuenta con tres sentencias en su contra por violar el derecho a la propiedad colectiva de comunidades indígenas. Las sentencias incluso declaran que Paraguay ha violado el derecho a la vida, ya que un número importante de integrantes de la comunidad han fallecido por la falta de atención adecuada en materia de salud, por no tener acceso a agua potable, ni alimentos suficientes”, agrega
Por años, el Estado llevó adelante un proceso de negociación para la compra de las tierras actualmente tituladas a favor de dos empresas privadas vinculadas a un particular. Sin embargo, las negociaciones no han prosperado, según el reporte.
“Ante esta situación, el pasado 14 de agosto el Poder Ejecutivo decidió recurrir a la última vía posible para el cumplimiento de la sentencia, cual es la expropiación de las tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa. Con este proyecto de expropiación, el Estado adquiriría 14.404 hectáreas pertenecientes al hábitat tradicional de la comunidad y procedería a indemnizar al propietario”, refiere.
Sin embargo, la situación se ha vuelto más complicada, al conocerse que parte de los fondos destinados a la compra de las tierras y a asistir a las comunidades, unos 3.100 millones de guaraníes, fueron retirados aparentemente con fines políticos, según la investigación judicial por la que actualmente está siendo procesado el ex director del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, quien recientemente responsabilizó al propio ex presidente Federico Franco, del desvío del dinero.
