De todo el territorio nacional, la tierra cultivable ocupa el 20% del total. De este porcentaje, casi la totalidad –un 94%– es destinada hoy día a la agricultura mecanizada, dominada por el rubro de la soja, comentó la socióloga Marielle Palau, de la organización dedicada a las investigaciones sociales BASE IS, durante el Foro Social del Norte.
“Muchas veces se dice que pueden convivir la soja y la chacra campesina, pero uno mira la historia y puede darse cuenta que los grandes sojales van avanzando hacia territorio campesino o territorio de indígenas”, lamentó. Según datos oficiales, en 2002, había en el país 2.300.000 hectáreas de monocultivo (agricultura mecanizada), y 670.000 hectáreas de agricultura familiar campesina. Para el 2012, se dio un salto de más de cinco millones de hectáreas de rubros de agricultura mecanizada, el doble que en la década anterior. Los campos dedicados a la agricultura familiar, sin embargo, llegaron entonces a apenas unas 330.000 hectáreas.
En síntesis, la soja y otros rubros del llamado agronegocio, como arroz y maíz, duplicaron su territorio en los últimos diez años, mientras que la agricultura familiar se redujo a la mitad al mismo tiempo. Para Pallau, ambos hechos están íntimamente relacionados.
EXPULSIÓN. El modelo de agronegocio tiene consecuencias preocupantes, como la pérdida de soberanía territorial, de semillas nativas y de la soberanía cultural, y la consecuencia más importante, la “descampenización”, dijo.
Este último concepto hace alusión al abandono de la actividad campesina, por expulsión de sus tierras. “Cada vez hay menos campesinos en sus comunidades, y no es porque quieren vivir en Asunción, sino porque son expulsados de sus tierras”, reflexionó.
En el 2002, la población rural llegaba al 50% del total, pero hoy día, llega a solamente el 30%, añadió. La profesional resaltó que las expulsiones se hacen generalmente con mucha violencia, como fue el caso de Guahory, el más reciente.
Este fenómeno no solamente se presenta en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Una de cada cinco personas en América Latina y el Caribe trabaja en el campo, con una tendencia a la baja mediante el aumento de la urbanización y las brechas económicas y sociales entre las zonas urbanas y rurales en la región, afirmó el mes pasado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
