El abogado Julio Vasconcellos manifestó que todos los actos administrativos y dictámenes emitidos por el actual fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, desde la fecha que venció su mandato son nulos de nulidad absoluta y no tienen ningún valor.
“Si bien los dictámenes jurídicos del Ministerio Público no son vinculantes, el órgano jurisdiccional casi siempre los tiene en cuenta para emitir su opinión. Esto podría crear un caos jurídico irreparable”, opinó Vasconcellos.
Alegó que Díaz Verón debe dejar el cargo que está “usurpando” desde hace más de un año, debido a que tiene mandato vencido, ya que –recordó– la Constitución Nacional establece claramente que el ejercicio del cargo es por tan solo cinco años.
Expresó que ante estos hechos no tiene sentido que se le haga un juicio político por un cargo que Díaz ya no ostenta.
Puntualizó que de esta forma se estaría consintiendo su “supuesta” reconducción tácita prevista solamente en nuestro derecho público para los ministros de la Corte en la ley que organiza la Corte Suprema de Justicia.
Significó que en nuestro ordenamiento jurídico positivo, específicamente dentro del Derecho Administrativo, lo que no está previsto no está permitido.
“Inevitablemente tiene que dejar el cargo. Él más que nadie tiene que dar el ejemplo. Como si todo esto fuera poco, tiene que devolver todo lo que cobró (dinero) en forma indebida desde que quedó fuera del cargo hasta hoy; caso contrario, también se lo debe procesar por cobro indebido de honorarios”, indicó el letrado.
Investigación. Vasconcellos sostuvo que la investigación que están realizando a Díaz Verón “es toda una farsa” porque los propios encargados de llevar adelante este proceso son sus dependientes, lo que hace que pierdan objetividad “que se encuentren dentro de las generales de la ley y que no sean idóneos”.
“Yo creo que si se lo investiga solamente al FGE va a salir limpio y muy airoso de esto, pero si se empieza a indagar a sus colaboradores más cercanos, e inclusive, a sus familiares, algo se va a descubrir, pero dudo mucho que se los pueda procesar, ya que ellos no son funcionarios públicos”, expuso.
El abogado señaló que el fiscal general del Estado tendría que tener “un poco más de delicadeza” y no aferrarse al cargo perentorio e irse a su casa para evitar un nuevo e innecesario estallido social.
“La persona que debe ocupar ese cargo, por el momento, hasta que se haga lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el diputado Julio Javier Ríos, es el fiscal adjunto más antiguo”, señaló. El fiscal adjunto más antiguo es Erwin Irala.
Desde la fecha que venció su mandato (sus dictámenes) son nulos de nulidad absoluta y no tienen valor.
Yo creo que si se lo investiga solamente al fiscal general va a salir limpio y muy airoso. Julio Vasconcellos, abogado.