Esta semana, los presidentes Cartes y Macri firmaron un Acta de Entendimiento con el objetivo de normalizar y ordenar la situación económico-financiera de la Entidad Binacional Yacyretá y convertirla en una empresa viable.
A mi parecer, es un paso positivo hacia la normalización de las finanzas de la Entidad Binacional, pero es necesario continuar las negociaciones sobre algunos aspectos que son fundamentales para los intereses de nuestro país.
Es determinante que se haya precisado el monto exacto de los aportes realizados por el Estado argentino para la construcción de la represa y que se haya acordado que “estos aportes no generan ni generarán intereses”.
Se acordó que el monto final de los aportes del Estado argentino pendientes de devolución por parte de Yacyretá, deducidas las deudas de la Argentina con la Entidad por compra de Energía y otros conceptos, totalizaran un poco más de 3.800 millones de dólares a fines del 2016.
También se precisaron los saldos deudores y acreedores entre la ANDE y Yacyretá y entre EBISA (la contraparte de la ANDE en la Argentina) y Yacyretá, así como las compensaciones de cuentas entre ellos.
Además, se actualizaron los cálculos de la Compensación por Territorio Inundado y se acordó su distribución en función a las áreas inundadas en cada país, correspondiendo el 80% al Paraguay y el 20% a la Argentina.
La mayoría de estos acuerdos ya formaba parte del preacuerdo firmado en el 2007 entre Nicanor y Kirchner. La innovación en este caso está relacionada con los plazos de devolución de los aportes y el pago de las compensaciones devengadas a ambos países.
La devolución de los saldos de los aportes del Estado argentino se realizará en un plazo de 30 años, incluidos 10 años de gracia, el pago de las compensaciones y otras acreencias a ambos Estados se realizará en un plazo de 16 años y el pago de las deudas con EBISA se realizará en un plazo de 26 años, incluidos 6 años de gracia para los dos últimos casos.
El plan de pago incluye periodos de gracia con el objetivo de utilizar los ingresos que genere Yacyretá por la venta de energía durante estos años para realizar inversiones que amplían su capacidad de producción (maquinización del brazo Aña Cuá y la instalación de tres turbinas adicionales en la represa de Yacyretá) por un monto aproximado de 1.600 millones de dólares.
De esta manera, la tarifa de la energía de Yacyretá estaría fijada en aproximadamente USD 36/MWh y considerando los años de gracia del plan de pago acordado, le generaría un flujo de ingresos netos de aproximadamente 270 a 300 millones de dólares anuales para invertir en los proyectos mencionados.
Creo que estos aspectos del acuerdo son muy positivos. Permiten un saneamiento financiero de la Entidad y dan una previsibilidad respecto a sus ingresos futuros y a la capacidad de cumplimiento de sus obligaciones. La Entidad terminará de devolver los aportes hacia el 2048.
Sin embargo, no fue abordado un aspecto fundamental para un aprovechamiento pleno por parte de nuestro país de la energía que le corresponde, que es la libre disponibilidad de la misma para su venta a precios de mercado, ya sea a la Argentina o a otros países vecinos.
En este punto, fue acordado incrementar un 20% el valor de la Compensación por la Cesión de Energía de USD 8,7/MWh a USD 10,5/MWh que implicaría unos 12 millones de dólares adicionales anualmente al Estado paraguayo a partir del 2017.
Sin embargo, este valor de la compensación considerando la tarifa estimada de Yacyretá, implica un precio de la energía excedente paraguaya de USD 46,5/MWh, el cual es muy inferior al precio vigente actualmente en el mercado mayorista argentino.
Por lo tanto, este acuerdo permite ordenar financieramente la Entidad así también realizar inversiones adicionales para incrementar su producción. Sin embargo, tenemos que continuar negociando hasta lograr que nuestro país pueda disponer libremente de su energía para venderla al precio de mercado, ya sea a la Argentina o a otros países.