Por Roberto Irrazábal
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Recién llegado a su casa en el asentamiento Tava Guaraní, en Santa Rosa del Aguaray, con las voces de sus pequeños hijos de fondo, el concejal departamental de San Pedro por el Frente Guasu (FG) y dirigente campesino Elvio Benítez habló ayer con ÚH sobre los motivos de la lucha de los pequeños productores por la condonación de sus deudas y cuestionó la “actitud represiva e intransigente” del Gobierno y las políticas de Estado que “privilegian a los sojeros y desarraigan a los campesinos”.
–¿Cuál es la situación del campesinado paraguayo respecto a las deudas y las políticas de Estado para la agricultura campesina?
–La situación actual del campesinado es el resultado del abandono total del Gobierno a los pequeños productores que trabajan en pequeñas fincas. Ellos hablan de igualdad de oportunidades, pero la realidad es que solo hay oportunidad para los grandes productores, para la agricultura mecanizada, el agronegocio, la ganadería extensiva; ese es el modelo que defienden ellos, y dejan de lado al campesinado. No tienen políticas, proyectos, programas que defiendan el arraigo de la familia campesina y su desarrollo.
–¿Cuáles son las principales deficiencias?
–Y ante este abandono no hay sistemas de créditos para los pequeños productores y el Gobierno no mueve un dedo para orientar y regionalizar la producción, entonces todo lo que producimos es de forma aislada y desinformada, y al final de la cosecha, en las condiciones que se está haciendo, no es buena ni suficiente. El Gobierno no tiene política de acopio, de mercado, de colocación.
–¿Cómo impacta esto?
–Impacta en que el campesinado está perdiendo antes de trabajar, antes de plantar, y después está el costo alto de la producción, por más pequeña que sea, entonces esto es lo que lo lleva a una deuda impagable, que se repite y va en aumento, va debiendo cada vez más y produciendo menos, y esto coloca a la gente en una situación de desesperación muy peligrosa, porque cuando ya no hay solución la gente apela a la venta de sus tierras, bajo la presión de la gente que le dio créditos o financieras que ya vienen con oficiales de justicia. Y esta es una política que viene del Gobierno, que defiende un modelo y abandona al más pequeño a su suerte. Por eso estamos mal y en una situación de aprieto los pequeños productores, y es lo que queremos reparar, no solo la condonación de deudas.
–¿Cuál es el planteamiento para solucionar esto?
–Estamos planteando la ley de agricultura familiar campesina para tener en cuenta lo que es la producción, el mercado, el acopio. Los compañeros campesinos que trabajan en las pequeñas fincas no tienen la suficiente capacidad y fuerza para producir y al mismo tiempo estar trabajando en la colocación de la producción; entonces, en ese sentido, se necesita el acompañamiento y el rol del Estado para trabajar por los pequeños productores, y consideramos que para eso existe un Ministerio de Agricultura, pero lejos de acompañar, ayudar, acopiar, colocar productos o asesorar en los rubros, no orienta en ningún sentido, entonces el campesinado está totalmente abandonado en el campo, cada uno hace lo que puede y después el resultado es la deuda y por presión termina vendiendo sus tierras.
–¿En manos de quiénes terminan las tierras?
–Este proyecto de condonación de deudas lo que está tratando es de frenar la venta masiva de las pequeñas fincas campesinas, que van a parar a manos de los agroexportadores extranjeros que vienen ocupando masivamente. Esta es una política de defensa de un modelo productivo que se instala y está acordado por el Gobierno, que entrega nuestra soberanía a los grandes inversionistas extranjeros. Es por eso que lo que está sucediendo en el país es un enfrentamiento decisivo, para defender la patria y la institucionalidad de la República y la democracia en nuestro país. Este Gobierno está atropellando todo, en todo aspecto, a nuestro pueblo y por eso es que está llegando a este nivel la lucha.
–¿Cómo sigue la lucha?
–Nosotros estamos convocando a los tres poderes del Estado para una conversación, porque lo que necesitamos es una decisión política y una respuesta para tomar medidas de salvataje para el pueblo.
–¿Cómo toman la detención del concejal de Capiibary del Frente Guasu?
–Y es una prueba de que están dispuestos a cualquier cosa. La posición de este Gobierno es totalmente dictatorial, no aceptan críticas y solo responden de forma prepotente y violenta. El concejal no fue detenido en ningún cierre de ruta, él acudió ante la detención de un compañero campesino, y al llegar quedó preso, no es que lo agarraron cerrando ruta, no respetaron su investidura.
–¿Cómo seguirán las negociaciones?
–Nosotros vamos a continuar, nuestro objetivo central es la condonación y de por medio dar una respuesta política al Gobierno, hacerle entender que la manera en que él (Horacio Cartes) está haciendo gobierno está fuera de camino, de la ley y la Constitución, y, por lo tanto, requiere de una respuesta política. Eso es lo que está haciendo el pueblo, la gente movilizada con el respaldo de la ciudadanía y las comunidades que están enviando apoyo logístico para que se pueda resistir. El Gobierno, en vez de tener capacidad política, está apelando a la violencia, que no va a hacer retroceder la movilización.