El 20 de enero del año pasado la Justicia Electoral informó que detectó unas 69.000 firmas con irregularidades entre las 357.685 presentadas por la ANR para impulsar la enmienda constitucional a fin de introducir la reelección presidencial en la Constitución Nacional.
Entre las irregularidades detectadas figuraban que había 1.142 firmas de personas difuntas, 12.931 extranjeros o con datos diferentes, 163 firmas de presos, 296 menores de edad, y 59 inscripciones inhabilitadas.
Las planillas habían sido presentadas el 13 de enero en un pomposo acto en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y fueron llevadas por las principales autoridades partidarias encabezadas por el diputado y presidente de la ANR, Pedro Alliana, el vicepresidente de la República, Juan Afara, entonces aún oficialista; la senadora Lilian Samaniego y los integrantes del primer anillo de Horacio Cartes como el asesor presidencial Darío Filártiga y el apoderado de la ANR Wildo Almirón.
La campaña de recolección de firmas fue impulsada por la misma Junta de Gobierno y referentes del Palacio de Gobierno en todo el país con sendas caravanas y operativos.
Pocos días después de la presentación de las planillas, miles de denuncias ciudadanas de que se fraguaron las firmas sacudían el ambiente, lo que obligó al organismo electoral a hacer una revisión de las carpetas con lo que se detectó el fraude masivo.
Responsables. Además de las autoridades partidarias, saltaron varios referentes colorados como los principales responsables del fraude, siendo uno de los acusados el cuestionado ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, imputado en el caso.
La Fiscalía designó al fiscal Fabián Centurión para llevar adelante la investigación.
Sin embargo, las autoridades partidarias, apelando a quienes fueron visibilizados como supuestos responsables del fraude como Cárdenas, empezaron una contracampaña y recurrieron a las chicanas para tratar de parar la investigación.
Fue así que Cárdenas, quien se halla registrado en las carpetas como el que recepcionó 31 planillas en la seccional 350 de Lambaré, recusó por medio de su abogado al fiscal Centurión, alegando que el agente tenía fuerte vinculación con el entonces movimiento disidente Colorado Añetete, ya que es esposo de Carol Noemí Flores, quien trabajaba con el equipo político del senador Óscar Cachito Salomón, de la disidencia.
Pese a la fuerte presión de los colorados, el fiscal general, Javier Díaz Verón, le confirmó el 10 de febrero a Centurión en el caso. No obstante, los colorados apelaron al más alto nivel para frenar el tema y recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia donde recusaron nuevamente al fiscal Centurión, con lo que consiguieron cajonear por casi ocho meses el caso.
Mientras el escándalo sacudía al país, el presidente de la República, Horacio Cartes, y las autoridades coloradas se llamaron a silencio.
Mano de la Corte. La Sala Penal de la Corte, integrada por los doctores Alicia Pucheta, Luis María Benítez Riera y Sindulfo Blanco, trabaron la continuidad de las diligencias investigativas, debido a que no resolvía la impugnación contra el fiscal Centurión.
Ante la presión ciudadana se vieron forzados a resolver el caso y reactivarlo en octubre del año pasado confirmando al fiscal Centurión al frente de la investigación.
Pese a ello, y habiendo pasado tres meses de que la máxima instancia judicial haya destrabado la cuestión, sigue sin avanzar la causa.
Desde ÚH se intentó hablar con el fiscal Centurión, pero el agente fiscal cortó la llamada cuando se le identificó la periodista del diario.
Saltaron miles de denuncias
Entre las miles de denuncias de falsificación de firmas estaban las de Rodrigo Villamayor y Dardo Ramírez, fotógrafos de Última Hora, cuyas rúbricas aparecieron en las planillas pro enmienda presentadas por la ANR ante la Justicia Electoral.
Villamayor manifestó entonces que estaba leyendo el diario e interiorizándose sobre las denuncias cuando detectó que su nombre y el de toda su familia aparecieron como los firmantes.
Por su parte, Ramírez hizo su descargo en Facebook alegando: “Incluyeron mis datos en la lista de la enmienda y lo que figura ahí no es mi dirección y mucho menos mi firma”.
Otra denuncia presentada ante la Fiscalía fue que todo el equipo de hándbol femenino de ex alumnas del Colegio Ravasco figuraban en la planilla, así como también los varones que cuentan con un equipo de fútbol en la misma institución.
Las firmas de todo el plantel de funcionarios de Copaco de Encarnación también aparecieron en las carpetas.