De 7.500 establecimientos escolares son 3.900 los que tienen graves problemas en su infraestructura, según los datos oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
De estas instituciones educativas unas 2.581 son las que están en pésimo estado y urgen de refacciones. Otras 90 están en riesgo y los alumnos deberán dar clases en locales alternativos como iglesias, tinglados o aulas móviles.
Aún así, desde que se instaló el decreto de emergencia educativa en infraestructura por el Poder Ejecutivo, apenas se intervino en un centenar de escuelas y colegios en todo el país. La mayoría de estas obras se están iniciando recién en este 2017, como es el caso de las obras en 25 escuelas indígenas ubicadas en todo el territorio.
Se tiene previsto que las tareas culminen en los próximos 150 días.
En cuanto al proyecto de mayor envergadura, en cual hay USD 18 millones provenientes de los Fondos de Excelencia para 675 centros escolares, los trabajos iniciarían en marzo. Este programa lleva un retraso de nueve meses desde su anuncio.
Al respecto, el ministro de Educación, Enrique Riera, ratificó ayer que las obras se dilataron por cuestiones políticas. “Se embarró la cancha”, reiteró e indicó que empresas de dudoso origen se habrían presentado con otros propósitos y no para refaccionar las escuelas.
En agosto pasado quedaron suspendidas las adjudicaciones debido a que se otorgaron licitaciones de obras por más de G. 36.200 millones a una firma que provee alimentos.
Más recursos. Riera comentó que disponen de otros G. 1.400 millones para reparar los 90 colegios que están con riesgo para la integridad de alumnos y sus profesores.
Estos recursos provienen de saldos que debían ir a los institutos, pero que nunca fueron reclamados, indicó.
El dinero será transferido directamente a los directores de las instituciones que deberán rendir cuentas ante el MEC, que además se encargará de verificar las refacciones.