Lejos de aclarar las muchas dudas que se instalaron en la ciudadanía acerca del evidente sobrecosto, ya que el propio presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, Amílcar Acosta, había estimado que un puente peatonal de ese estilo, de 40 metros, de estructura metálica, con rampas de acceso de 30 metros de cada lado, podría costar entre 450 a 500 mil dólares, el ministro Wiens intentó justificarse en que “el precio referencial de la obra se basó en la revista Costos, medio de cabecera para arquitectos e ingenieros”.
Tratando de deslindar responsabilidades y repartir culpas, Wiens aseguró que el proceso licitatorio contó con el visto bueno de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), en lo concerniente a los antecedentes del anteproyecto a través de la aprobación del código SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) dado por esta dependencia, que aprobó la factibilidad; y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en lo vinculado al llamado a licitación, precalificación, evaluación de ofertas y adjudicación, como ente contralor del proceso licitatorio.
La ministra de la STP, Viviana Casco, no tardó en responder, asegurando que dicha institución no formó parte del proceso de decidir el costo final, solo del análisis de la inversión pública.
Wiens tampoco pudo aclarar las acusaciones de tráfico de influencia, ante las versiones de que el empresario Jorge López Moreira, hermano de la primera dama y cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue una especie de padrino para que la empresa Engineering SA sea el único oferente y acabe siendo adjudicada con la costosa obra.
Dijo desconocer la presencia de López Moreira en las reuniones sobre adjudicación de las obras en sede del MOPC, algo que fue confirmado por el entonces director de Obras, el arquitecto José Kronawetter, quien casualmente fue apartado del cargo tras revelar el vínculo con el cuñado presidencial.
El caso de la pasarela de oro ya se ha instalado como un nuevo escándalo de corrupción, por sus evidentes aristas de presunta sobrefacturación y tráfico de influencias. Argumentar que todo se hizo conforme a la ley no descarta que se destinó dinero público a una obra sobredimensionada e innecesaria, en momentos en que la crisis generada por la pandemia del coronavirus mantiene a grandes sectores de la población en situaciones apremiantes, que exigen mayor austeridad y manejo correcto de los fondos públicos.
El ministro y actual posible precandidato presidencial no puede esquivar su responsabilidad en aclarar las muchas acusaciones.
Él mismo debería ser el primero en exigir una investigación a fondo y responder puntualmente ante las muchas sospechas que preocupan a la ciudadanía.
