La pelea se remonta a 2020 cuando el gobierno nacional (peronismo de centroizquierda) bajó por decreto de 3,50% a 2,32% la porción que la Capital recibía de “fondos coparticipables”, provenientes de impuestos federales. Luego, una ley del Congreso profundizó ese recorte y redujo la porción a 1,40%.
En su fallo de esta semana, sin expedirse sobre la cuestión de fondo, la Corte ordenó llevar a 2,95% ese porcentaje al hacer lugar a una medida cautelar presentada en 2020 por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
La decisión judicial fue rechazada por el presidente Fernández, quien anticipó que no acatará y recusará a los integrantes del Alto Tribunal. “Es un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, señaló Fernández, en un documento respaldado por 14 gobernadores peronistas. Otros 4 gobernadores firmaron otro parte para rechazar la decisión de la Corte.
El presidente consideró que se trata de “un fallo político de cara al año electoral”, en referencia a los comicios generales de octubre de 2023. Agregó que hará “un pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución”.
En reacción, el alcalde de Buenos Aires acusó a Fernández de “quebrar el orden institucional y atentar contra el estado de derecho y la democracia”, por rechazar la decisión de la Corte, según dijo en rueda de prensa.
Rodríguez Larreta, precandidato presidencial por la coalición Juntos por el Cambio (derecha), dijo que denunciará a los funcionarios que no acaten el fallo y que su bloque en el Congreso “analiza y trabaja otras acciones judiciales y legislativas para defender el estado de derecho”. AFP