De fallar en contra y tener mayoría, quedaría nula la resolución del Juzgado de Garantías que ordenó la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios involucrados en compra por emergencia. Hasta ahora, fueron publicadas gracias a esta resolución las declaraciones juradas de 37 autoridades y 18 proveedores. Los datos pueden ser visualizados en la página web de la Contraloría General de la República.
Además de Llanes, también falta emitir su dictamen la magistrada María Mercedes Buongermini, quien integra también la Sala Constitucional que debe estudiar la acción de inconstitucionalidad que presentó en el 2018 el entonces contralor Enrique García, tras perder en dos instancias judiciales.
García buscaba de esta manera una herramienta legal para sostener su negativa rotunda a responder y hacer públicas las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de los altos funcionarios públicos.
Los demás siete integrantes de la Sala Constitucional ya han emitido su dictamen, y solamente esperan a los demás para reunirse en sesión para dar lectura a sus criterios y emitir una resolución con base en la opinión de la mayoría de los nueve miembros.
Los que ya emitieron su voto por escrito fueron los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica, así como los jueces Óscar Paiva, Valentina Núñez, Marcos Riera y Guido Cocco.
PRESIÓN. Existe el temor de que la ministra Llanes termine emitiendo un criterio que favorezca los intereses de los altos funcionarios públicos que forman parte del Gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, considerando que la misma tiene fuertes vínculos con el mandatario. Llanes fue la elegida de Marito para realizar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este que acabó con la hegemonía de los Zacarías Irún. Luego recibió el apoyo del gobernante para ser ministra de la Corte.
