Este suceso se da llamativamente al día siguiente de la fuga masiva de reos en Pedro Juan, a pesar de que, en conferencia de prensa, el Ministerio Público, de Justicia, Seprelad, y Senad afirmaron que hasta el momento dicha fuga no tiene vínculo con los dos mencionados –que ya están apartados de sus cargos–, y que están relacionados con otros hechos anteriores. Volpe presentó su renuncia y el presidente Mario Abdo aceptó.
“Hemos recepcionado del Ministerio de Justicia del Brasil una comunicación espontánea sobre hechos que podrían tener relevancia para una investigación en Paraguay”, dijo el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.
Mencionó que son hechos vinculados a causas criminales en donde tienen intereses conjuntos con el Brasil. Recibieron “más de cinco archivos digitales, donde uno de ellos tiene más de 3.500 páginas en portugués. Estamos abocados a la interpretación de hechos concretos”, señaló.
Refirió que existen otros hechos que no son vinculantes para el Paraguay y que son clasificados por el del Brasil.
La fiscala general, Sandra Quiñónez, afirmó que le informaron sobre supuestos hechos punibles, que serán objetos de investigación de parte de la Fiscalía paraguaya.
INVESTIGACIÓN DEL BRASIL. Señalaron que el límite de la investigación del Brasil acerca de estos dos ex fiscales data de julio del 2019. Ambos tienen vinculación en la zona de frontera, pero no cuando trabajaban juntos en casos de crimen organizado.
Manuel Doldán y otro fiscal fueron designados para trabajar en la investigación.
“El mandato preciso del presidente es que se llegue a utilizar todos los elementos necesarios en una investigación para conocer la verdad de los hechos. Es una denuncia presentada por un fiscal del Brasil”, apuntó Arnaldo Giuzzio, ministro de Senad.
Solo dos meses como viceministro
Hugo Volpe, en noviembre del año pasado, se trasladó de la Fiscalía contra el Narcotráfico al Viceministerio de Política Criminal.
Al asumir, adelantó que una de sus prioridades sería el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria para prevenir casos como el ocurrido en la cárcel de San Pedro, en junio del 2019.
El ahora ex viceministro trabajó 19 años en el Ministerio Público y los últimos tres como fiscal antinarcótico. Estuvo al frente de investigaciones del caso Samura, operativo Berilo, caso Levi Adriani (brasileño), y otras.