El deleznable hecho delictivo es condenable desde todo punto de vista. Lo ocurrido este miércoles en la estancia Tranquerita, del distrito de Bella Vista, vuelve aún más complicada la situación política y de falta de seguridad en torno a las últimas acciones violentas en la zona Norte del país, donde —además de las actuaciones criminales del grupo armado EPP— persisten con mucha impunidad las actividades de bandas del crimen organizado y del narcotráfico, con asesinatos cometidos por sicarios que muy pocas veces son seriamente investigados y resueltos por los órganos de Justicia.
La mayoría de los crímenes acaban en la impunidad o en el oparei.
Los organismos de seguridad y de Justicia del Estado arrastran una cuestionada inacción en la prolongada lucha contra el EPP, sin haber podido demostrar hasta ahora resultados efectivos, como la captura de los principales líderes y la desactivación de su accionar delictivo.
El mantenimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, que consume altas erogaciones presupuestarias, es cuestionado no solamente por su escasa eficacia, sino también por las denuncias de abusos y de acciones irregulares hasta ahora no aclaradas por la Justicia.
Uno de los casos más sonados ocurridos entre las fuerzas que luchan contra el EPP, que sigue sin ser aclarado, tiene que ver con la muerte del capitán Enrique Piñánez y el suboficial del Ejército José Manuel González Ferreira, quienes fallecieron en extrañas circunstancias en la noche del 26 de noviembre de 2014 sobre la ruta 5, en la zona de Cuero Fresco, Concepción, cuando el vehículo en el que se trasladaban fue destruido por la detonación de una bomba que supuestamente iba a ser implantada en el campamento de uno de los grupos armados.
Ahora un nuevo caso delictivo mantiene en vilo a toda la región. Además de condenar enérgicamente lo ocurrido, es importante reiterar que la violencia como herramienta política no es aceptable bajo ningún caso, ya que solamente ocasiona más muerte y dolor a la ciudadanía.
Desde el Estado, la lucha contra los grupos criminales debe ser constante y efectiva, llevada a cabo conforme a la ley y a los protocolos internacionales, no solamente a través de operaciones represivas, sino también con programas de mayor desarrollo social y económico en la región de conflicto.
Esto debería lograr en forma positiva la transformación de las condiciones de marginamiento y olvido en que se han mantenido durante mucho tiempo a las poblaciones.