Según Villordo, el documento, que el Poder Ejecutivo puede promulgar o vetar total o parcialmente, “carece de visión social y técnica total” y “genera morosidad”, además de generar un descalce financiero a la compañía de unos USD 250 millones, de acuerdo con las primeras estimaciones que realizaron.
Criticó que la normativa no permite realizar estimaciones, lo cual es una opción que manejan en lugares donde pueda haber un aumento de casos de personas enfermas por Covid-19 u otras circunstancias, y que no se previó el mecanismo de financiamiento, considerando que implicaría recursos que la ANDE no tiene a disposición, conforme a sus explicaciones.
Comentó que desde la empresa estatal se realizará una evaluación técnica sobre la ley y sus efectos, con el fin de que las observaciones resultantes del análisis sean puestas a consideración de la Presidencia de la República. ”Nuestra responsabilidad es hacer lo mejor para los usuarios y defender la empresa”, refirió en una entrevista concedida a Monumental AM 1080.
PROTESTA. Por otra parte, miembros del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) realizaron ayer otra jornada de manifestación para pedir la salida de Villordo, al que acusan de realizar una gestión ineficiente. Para el lunes, se prevé otra movilización, junto con otras organizaciones sindicales, incluyendo temas como el posible endeudamiento de Itaipú.
LA CIFRA
250.000.000
de dólares estima la ANDE que será el impacto del proyecto de ley que fue sancionado por el Congreso Nacional.
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