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Víctimas recusan a cuestionada fiscala del caso Antonio Fretes
El representante legal de las víctimas de un esquema de usura recusó este martes a la fiscala María Estefanía González, quien fue asignada en la causa penal que se abrió contra el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes.
El abogado Raúl Breuer, quien representa a casi 40 personas que serían víctimas de un supuesto esquema encabezado por el presunto usurero Eduardo Elías Hrisuk —quien tendría protección de Antonio Fretes—, anticipó en la víspera que presentaría la acción.
La recusación contra la fiscala María Estefanía González fue presentada en la mañana de este martes, informó la periodista de Última Hora Liz Analía Acosta.
El representante legal cuestionó que la causa penal contra el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, que abrió Sandra Quiñónez en el último día de su mandato como fiscala general del Estado, esté a cargo de una unidad ordinaria y no en una especializada, como la de Delitos Económicos Anticorrupción.
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La agente fiscal designada había sido cuestionada en el pasado cuando tenía a su cargo otros casos, como el de Metrobús, que está camino a prescribir.
Asimismo, recientemente fue denunciada con los demás fiscales de la causa por cajonear la investigación por casi cinco años de la denuncia.
Otro antecedente es que en 2019 fue criticada por el Ministerio de Industria y Comercio, Aduanas y la Unión Industrial Paraguaya por supuestamente querer liberar una carga de azúcar, vinculada a un hecho de contrabando.
Esto le costó el cargo en la Unidad Anticontrabando y fue enviada a una ordinaria.
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Breuer había presentado en diciembre de 2022 un reclamo al Ministerio Público contra Fretes, ya que supuestamente rechazaba in limine acciones de inconstitucionalidad donde la contraparte era Hrisuk.
Según la denuncia por prevaricato, el hombre tendría protección del ex ministro de la Corte.
La misma denuncia también se presentó ante la Embajada de los Estados Unidos, solicitando, a su vez, que a Fretes también lo declaren significativamente corrupto.
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El ex ministro de la CSJ se acogió recientemente en forma automática a la jubilación —debido a que cumplió 75 años— después de haberse aferrado a su cargo por más de 20 años, pese a cientos de críticas, denuncias, pedidos de destitución y una investigación en su contra.
En su última etapa, estuvo en el ojo de la tormenta por aparentes vínculos con Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés que tendría, a su vez, vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.
El cargo que dejó vacante será ocupado oficialmente tras la conformación de la terna de candidatos, cuyo proceso está actualmente en manos del Consejo de la Magistratura (CM).
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