18 abr. 2024

Venta de fracasada Antebi Cué será para regularizar a los estancieros

El 40% de lo recaudado, según el proyecto, será para pagar las deudas del Indert. Las tierras son ocupadas por ganaderos que no pagan impuesto inmobiliario ni son sujetos de la reforma agraria.

El fracaso de la reforma agraria con la expropiación de las tierras de Antebi Cué que nunca fueron destinadas a los campesinos motivó a la creación de un proyecto de ley que establece “un régimen especial y transitorio para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles que forman parte de las fincas que fueran expropiadas por ley 517/95”.

La propuesta proviene del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que pretende vender las tierras de Antebi Cué para pagar su deuda de G. 454.765 millones (USD 71 millones) por compra y expropiación de inmuebles.

En 1995, por ley 517/95, el Congreso expropió la propiedad de 267.836 hectáreas situadas en los departamentos de Concepción y Amambay perteneciente a la firma comercial e inmobiliaria Cipasa, para la formación de asentamientos coloniales agropecuarios. Sin embargo, las tierras quedaron en manos de estancieros que no cuentan aún con el título de propiedad ya que el Estado, si bien pagó ya USD 75 millones, adeuda todavía los intereses, unos G. 23.000 millones (USD 3,6 millones.)

Esas tierras no pagan impuesto inmobiliario y, según el abogado Felino Amarilla, existen 150.000 cabezas de ganado “pastando gratuitamente en tierras del Estado”.

Con este proyecto, firmado por varios senadores, se pretende establecer un régimen especial para regularizar la ocupación de los productores, para la inscripción de beneficiarios y de las fracciones de tierras, además de los requisitos para su identificación.

La norma indica que el precio por parcela será fijado por el Indert, previa tasación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la escrituración de la Escribanía Mayor de Gobierno.

Contempla también inversión en salud, educación, infraestructura y seguridad en el sitio. Para el Indert, será destinado el 40% de lo recaudado; para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 20%; Ministerio de Salud, 20%, y MOPC, 10%.

Se prevé la realización de un censo y los beneficiarios deberán ser paraguayos naturales. El documento indica que deberá respetarse la ley de Seguridad Fronteriza, es decir, el Indert no podrá vender las parcelas en la frontera. La vigencia de la ley será hasta el año 2022.

Según el presidente del Indert, Mario Vega, si no se venden estas tierras, la deuda terminará de pagarse recién entre 8 a 10 años debido a la falta de presupuesto. Para el 2020 solo se dispone de G. 47.000 millones para el pago de deudas por tierras, lo que representa el 35% de la deuda contabilizada, es decir, unas 3.580 hectáreas.

Roberto Antebi fue el heredero de las tierras de Cipasa, hijo del fallecido Alberto Antebi.

Brasileños, narcotraficantes de Concepción y Amambay y contrabandistas ocupan esas tierras, según el abogado Amarilla.

Uno de los senadores que firmó el proyecto de ley, Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), dijo que la idea es regularizar las tierras, ya que el Estado las compró y se dieron derechos de ocupaciones de manera irregular. “El objetivo es regularizar y ver quién era realmente objeto de la reforma agraria y quiénes no”, comentó.

Contó que se presentó el proyecto de ley pero no hay aún fecha de tratamiento y se giraron notas a las instituciones para que den su parecer.


las cifras
75 millones
de dólares ya se pagó por las tierras de Antebi Cué en concepto de expropiación y faltan intereses.

23.000
millones de guaraníes es la deuda por intereses del Estado por las tierras de Cipasa que no sirvieron para la reforma agraria.

Indert compró las tierras y se dieron derechos de manera irregular´; hay que ver quiénes son objeto de la reforma.

Stephan Rasmussen,
senador.

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