Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos años no se han llevado a cabo en oficinas de Wall Street, sino en las caóticas minas de oro del sur de esa nación.
Sumidos en la peor crisis económica de la historia moderna venezolana, un ejército de 300.000 buscadores de fortuna se trasladaron a la selva, que guarda en sus entrañas la mayor reserva de metales preciosos del país, para ganarse la vida removiendo la tierra.
Con picos y palas ayudan a financiar al gobierno de Nicolás Maduro, que desde 2016 compró 17 toneladas de oro, valoradas en 650 millones de dólares, según los datos más recientes del Banco Central de Venezuela (BCV) a mayo.
El esfuerzo de los mineros artesanales –como los define el Gobierno–, se tradujo en vitales divisas para que la gestión del presidente Maduro financie importaciones de alimentos y productos básicos que escasean en Venezuela, aunque ellos reciban su pago en la deprimida moneda local.
Pero EEUU está dispuesto a detener ese comercio de oro a fuerza de sanciones e intimidación. La Casa Blanca presiona incluso al Banco de Inglaterra para que no libere 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que Venezuela mantiene en sus bóvedas.
Funcionarios de EEUU criticaron a una firma con sede en Abu Dabi por comprar oro venezolano, y advirtieron a otros operadores extranjeros de abstenerse de negociar con Maduro; pero este se apoya en la ayuda crucial del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para concretar operaciones, un mandatario que como él desafía a la administración Trump. Venezuela le vende la mayoría del oro a refinerías turcas y luego utiliza parte de los ingresos para comprar bienes de consumo masivo, según relatan personas con conocimiento directo de esas negociaciones.
Reuters rastreó el camino que sigue el oro desde las polvorientas minas del sur hasta las bóvedas del banco central en Caracas, para ser enviado a refinerías en el extranjero a cambio de alimentos, según más de 30 personas que conocen o están involucradas en la operación, incluidos mineros, intermediarios, comerciantes, investigadores, diplomáticos y funcionarios. Casi todas las fuentes pidieron hablar bajo anonimato porque no están autorizadas a divulgar estos temas, o por temor a represalias de autoridades venezolanas o estadounidenses. Sus relatos reflejan el retrato de un experimento desesperado del Gobierno por obtener divisas a corto plazo cuando el bombeo de crudo, la principal fuente de divisas de la nación, está en mínimos y Maduro cuenta con cada vez menos margen de maniobra bajo las nuevas sanciones de EEUU.
