Uno de ellos es el diputado abdista por Paraguarí, Miguel Cuevas. El legislador está imputado por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. El proceso también implica a su hijo, Enzo Cuevas Florentín, quien fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito (cómplice), y su esposa Nancy Florentín de Cuevas, por supuesto cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.
El legislador, el principal referente en Paraguarí del presidente Mario Abdo, consiguió que su caso sea trasladado a su departamento, donde según denuncias, maneja a los jueces. Se le acusa de haber contratado masivamente a sus operadores durante su presidencia en la Diputados.
El otro legislador cuestionado es el también colorado abdista Esteban Samaniego. Fue intendente de Quyquyhó y dejó la Comuna con varias denuncias de corrupción en su contra. El legislador sigue teniendo influencia en el Municipio paraguariense, ya que su actual concubina, Patricia Corvalán, es quien dirige la Intendencia luego que él pugnara por la diputación. La Comuna está siendo investigada por un faltante de G. 10.000 millones. Además, se pidió su desafuero en otro caso por difamación y calumnia.
Teófilo Espínola, del PLRA, es otro legislador en la mira judicial. Fue desaforado tras ser imputado por supuesta malversación de G. 5.000 millones cuando era fiscalizador en el Ministerio de la Defensa Pública.
BLANQUEADO. Carlos Núñez Salinas, por su parte, consiguió que la Justicia le blanquee luego de varias chicanas. El mismo estuvo acusado por contrabando.