De este modo, la legisladora insistirá en el debate de la propuesta que fue dilatada en la Cámara Baja, donde una mayoría de diputados, en especial colorados y liberales, decidieron postergar el estudio de la iniciativa.
“Debe darse el aumento de penas. Desde la comisión de reforma penal, la cual presido, solicitamos la remisión del proyecto. Convocaremos a una reunión extraordinaria para el día viernes para el tratamiento del proyecto. Esperamos el acompañamiento de la ciudadanía”, anunció la legisladora en su cuenta de la red social Twitter.
Vallejo también admitió que el aumento de las sanciones no es la solución para todo, pero aclaró que es una medida necesaria. “Hoy tenemos que el que roba un celular tiene un marco penal de 1 a 15 (años). El que roba dos vacas puede ir hasta 15 años preso. Pero el que lleva la plata de todos, su mínima es 6 meses a 5 (años), máximo 8 en estafa y 10 en lesión”, lamentó la parlamentaria en otro tuit.
Atención. Además, la diputada reiteró que la ciudadanía debe estar atenta a lo que suceda el viernes en la sesión de la Comisión que preside, porque los robos al Estado hoy significan que “nos están llevando la vida literalmente”, ya que las denuncias que afectan a los administradores de los recursos públicos actualmente atentan contra el combate a la pandemia de coronavirus, enfermedad que se está cobrando la vida de miles de personas en el mundo.
Lamentablemente, pese a la urgencia de sancionar la corrupción ante las escandalosas irregularidades en las compras públicas por la crisis sanitaria, colorados y gran parte de liberales de la Cámara Baja decidieron enviar a la Comisión de Reforma Penal el proyecto que aumenta hasta 15 años la pena para estos hechos punibles de perjuicio al Estado, que actualmente llegan hasta 10, con facilidad de prescripción de la causa.
La diputada Vallejo, quien presentó la propuesta, fue vehemente al argumentar que era prioridad aprobar el proyecto ante el alevoso permeo de la corrupción en las instituciones. Indicó que la pandemia reveló las deficiencias del Estado que permite, con complicidad de autoridades, la creación de empresas de maletín para aprovecharse de la crisis y cometer malversaciones, como el caso de las mascarillas en Dinac.
La Comisión de Reforma Penal, presidida por la diputada Rocío Vallejo, se reunirá el viernes para analizar la propuesta que busca establecer sanciones más duras para los delitos de corrupción pública.
