Por Susana Oviedo
soviedo@uhora.com.py
En los primeros días de marzo, un grupo de religiosas de la Congregación Misioneras Redentoristas recorría en un camioncito varias escuelas rurales, en las compañías de Carapeguá, para llevar unas mochilas muy bonitas, cargadas de útiles y textos para cada beneficiario/a. Eran portadoras además de todas las prendas que hacen al uniforme en una escuela pública, incluidos los zapatos y una campera para el invierno.
Por esa época, el Ministerio de Educación no entregaba aún los escuálidos y costosísimos – para el Estado– kits escolares. Como siempre, se había retrasado.
Las hermanas redentoristas trabajan con gran antelación. Buscan los mejores precios y “hacen rendir” el aporte enviado por trabajadores italianos que apadrinan a un niño o niña, asegurándole el derecho a la educación. Algo que el Estado paraguayo aún no garantiza plenamente.
Las religiosas apuestan a la producción nacional. Los cuadernos, los más de 3.000 pares de calzados, los guardapolvos para las niñas; las camisas y pantalones para los niños, y camperas son todos de fabricación paraguaya. Siempre buscando el mejor precio en plaza, adquieren las telas y mandan confeccionar los uniformes. En suma, realizan compra directa, pero no en las condiciones en que lo hacen las entidades públicas: sobrefacturando.
La consigna para las monjas es que los fondos que administran, producto del sacrificio de familias comunes del citado país europeo, se utilice buscando los mejores precios y, de ese modo, hacer que los beneficios se extiendan a más niños. Optimizan el dinero, acorde al nivel de escasez imperante en el país. No pagan de más ni renuncian a la calidad del producto. ¿Acaso los niños no merecen lo mejor?
Las religiosas suscriben que “la peor pobreza es la ignorancia”. Por eso buscaron ese sistema de ayuda para afrontar el analfabetismo en las zonas rurales. Las autoridades del MEC, más que nadie, saben que un pueblo ignorante enferma con más facilidad y que, a la larga, demanda mayor gasto.
Por eso resulta demasiado indignante enterarse de que el Ministerio de Educación pagó de más 1.261 millones de guaraníes en la compra directa de útiles escolares –destinados a los niños carenciados del país– y encima de mala calidad. Un monto con el que, a su vez, se pudieron haber adquirido al menos 3.516.850 útiles más.
Estamos ante un despropósito que en un país con 39,2 por ciento de pobres, sencillamente es inadmisible. Las autoridades del MEC aseguran que la irregularidad ya se corrigió y la titular de esta secretaría de Estado, la ministra Blanca Ovelar, se siente ofendida. Además, desmerita el informe de la Contraloría, que demuestra ese manejo desprolijo y hasta insensible de la cosa pública.
A ella le molesta que la Contraloría busque “el pelo en la leche” fiscalizando su gestión. ¿Qué más sino eso debería hacer esa institución?
Blanca Ovelar sabe que para lograr la concurrencia de los niños a la escuela, en varios sitios del interior los maestros tienen que recorrer casa por casa para convencer antes a los padres. La mayoría de los cuales admiten con impotencia que no pueden comprar a sus hijos siquiera los zapatos, por lo que prefieren no enviarlos a clase y exponerlos en su pobreza.
Si los ministerios de Educación y Salud Pública –por lo sensible de sus áreas– emplearan el dinero público como lo hacen las religiosas redentoristas de Carapeguá, de seguro, resultaría más fácil comprender lo que significa apostar por el futuro y lo que significa actuar con honestidad y patriotismo.