Si bien los perjuicios que son derivados de los retrasos en las gestiones de documentación que emana de la Dirección General de Registros Públicos (DGRP) son cuantiosos y no se podrían cuantificar en metálico, tan solo un botón de muestra de la ineficiencia del sistema (potenciado por las fallas de un nuevo software implementado infructuosamente) es la imposibilidad para otorgar financiación a numerosa cantidad de gente, porque se precisa del certificado de condiciones de dominio.
Una de las voces más escuchadas en estos últimos días, y que lamenta los retrasos (de hasta cuatro meses) en la expedición de documentos en la DGRP, es la de la escribana Marta Narvaja, miembro titular del Colegio de Escribanos del Paraguay.
“Me comentó un alto funcionario de un banco importante que tienen retenidos USD 20 millones en créditos concedidos; pero que por falta de esa documentación no pueden liberarlos”, manifestó indignada, ya que multiplicando esa situación adversa por otros miles de casos, y que atañen a venta de lotes, de casas, de estancias, levantamiento de hipotecas, embargos, inscripciones varias, permite asegurar que la inoperancia en la expedición de los legajos correspondientes perjudica enormemente al ritmo de la economía.
“Afecta al sistema financiero, a la percepción de impuestos y da pie a la inseguridad jurídica”, aseguró la profesional, al tiempo de mencionar que con la acordada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspendió los plazos registrales hasta el 8 de noviembre, además de inhabilitar los servicios de ingreso de documentos en todas las sedes registrales, así como la remisión de oficios judiciales electrónicos en dicho plazo, “solo se está dando oxígeno a la institución, para poner en orden las cosas”, según Narvaja.
La escribana agregó que la Corte, en realidad, no toma conciencia del perjuicio ni se hace eco de la cantidad de gremios y cámaras que ya levantaron su voz de protesta por la tardanza en los plazos registrales.
MÚLTIPLES QUEJAS. En las últimas semanas, el gremio de escribanos se manifestaron en reiteradas ocasiones frente a la sede de Registros Públicos, ante la implementación de un nuevo sistema y su lentitud. Criticaban que documentos con diez días de plazo para su expedición tardan entre noventa a ciento veinte días en ser expedidos, lo que generaba cuantiosas pérdidas.
La CSJ también ordenó que durante este plazo las secciones registrales procesen, califiquen y expidan los documentos ingresados hasta el día 30 de setiembre, dando cumplimiento a los plazos legales previstos para la expedición de dichos documentos.
Narvaja evocó que antes de la pandemia también había retraso, por huelgas de los funcionarios; mientras que con el confinamiento se trabajaba en cuadrillas en la DGRP, mientras que muchos ciudadanos clamaban desesperados la urgente necesidad de vender sus propiedades para afrontar gastos de terapia intensiva por sus enfermos de Covid-19.
La profesional sostuvo además que al no haber resarcimiento alguno por los exagerados retrasos, la responsabilidad de la institución es civil y penal.
Diputados pide informes a Registros Públicos
La diputada Rocío Vallejo indicó que la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución que pide informes a la oficina de Registros Públicos.
“En la misma Cámara nos urge contar con documentos, estoy en la Comisión de Vivienda y no podemos expedirnos sobre desafectación o expropiación de terrenos”, relató, lamentando la situación de los retrasos.
Dijo además no haber escuchado a ningún miembro de la Corte expedirse sobre el problema, que es muy grave, porque afecta el ritmo de muchos actos que generan ingresos para las personas, con su consecuente pago de tributos para el Estado.
Además de remitir el informe general a la Cámara de Diputados, la DGRP debe enviar un resumen de entradas y salidas por sección correspondientes a los últimos tres meses; también debe indicar las entradas ingresadas con el detalle de la antigüedad de contraseñas, las salidas, las reingresadas, finalizadas y observadas.
Sobre el criticado nuevo sistema informático, debe informar si migró la totalidad de la información contenida en el sistema anterior, según lo dispuesto por Diputados.