“Así como somos los primeros en avanzar en las denuncias con fundamento, tenemos que ser los primeros en rechazar las denuncias temerarias, que son el alma de algunos que, envueltos en la manta de los derechos humanos, en el fondo lo que quieren es frustrar el avance de la seguridad democrática”, señaló el mandatario.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo en la ciudad de Cartagena de Indias, que su Gobierno ha estado buscando que prevalezca la verdad e instó a los colombianos que impidan que se “interfiera en la seguridad democrática con denuncias temerarias”. EFE | Ampliar imagen
Uribe dijo este martes al instalar la Convención Internacional de Seguros, en la ciudad de Cartagena de Indias, que su Gobierno ha estado buscando que prevalezca la verdad e instó a los colombianos que impidan que se “interfiera en la seguridad democrática con denuncias temerarias”.
El jefe de Estado añadió que las organizaciones “enemigas” de la política de seguridad ahora acusan a las fuerzas militares diciendo: ‘No, a ese no le dieron de baja en un combate; eso es una ejecución extrajudicial’”.
“Colombia no puede pretender que nos interfieran la seguridad democrática. Así como el Gobierno en ningún momento ha faltado a la iniciativa para buscar la verdad y la claridad sobre cualquier denuncia, el Gobierno también tiene que denunciar”, puntualizó.
La reacción de Uribe a un informe sobre derechos humanos en ese país no es propia de un demócrata, dijo este martes el abogado chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Uribe dijo el fin de semana que AI y HRW no son sus “profesores” de derechos humanos y acusó a Vivanco de ser un “defensor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cómplice de las FARC”.
El informe de la organización HRW criticado por Uribe denunció ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército colombiano, razón por la cual renunció este martes el comandante de esa fuerza, el general Mario Montoya, luego que la semana pasada otros 27 altos militares fueran retirados por lo mismo.
El escándalo se remonta a septiembre pasado, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que desaparecieron en enero pasado y que días después fueron reportados como “bajas en combate”, cuando al parecer habían muerto a manos de militares.
Estos adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, localidad colindante con Bogotá, hasta una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.
