Un caso de secuestro exprés se registró este lunes, y tuvo un rápido y trágico final. Sucedió en el Departamento de San Pedro, cuando personas armadas secuestraron a un colono menonita y junto con él a otros tres trabajadores del establecimiento del ganadero. En menos de 24 horas del secuestro, los investigadores confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de los secuestrados. Un terrible final.
La familia del colono incluso llegó a pagar una importante suma de dinero por la liberación de las personas. El colono menonita ya había sido víctima de un ataque en el mes de julio; en aquella ocasión había sido atado de manos y pies, quemaron su vehículo y le robaron G. 6 millones.
En este punto es donde debería acabar la retórica oficial, vacía y superflua. Sumado a tantos otros problemas hoy, por la falta de planes y de capacidad de reacción, el país está sucumbiendo al flagelo de los secuestros exprés, una verdadera industria de la que se beneficia el crimen organizado.
Lo primero que se impone ante esta situación es reconocer el problema. La situación merece algo más que justificaciones trilladas; el Gobierno, por el momento, se muestra carente de respuestas. ¿Qué piensan hacer para disminuir la oleada de hechos delictivos?
Las explicaciones esbozadas por el ministro del Interior: “Ni la mejor policía del mundo, Scotland Yard, ha reducido a cero los hechos de violencia y asalto, más aún en época de pandemia”, había dicho Arnaldo Giuzzio y hasta él debería saberlo, ya no funcionan. Habiendo superado el plazo que él mismo se había propuesto para dar resultados y reducir los niveles de inseguridad en el país, el funcionario sigue hablando de planes especiales a implementar con motivo de la festividad de Caacupé, así como el ya tradicional Operativo Año Paha. Prometió asimismo desplazar fuerzas activas, tanto en el interior como en la capital para el refuerzo policial.
Es oportuno recordar la posición del Paraguay dentro del Índice Global de Crimen Organizado, organización que evalúa los niveles de delincuencia en el mundo. Esta coloca a Paraguay segundo en América del Sur, con el porcentaje más alto de criminalidad, por debajo de Brasil. El narcotráfico, contrabando y la trata de personas, son algunos de los crímenes que se posicionaron en el país, dice el estudio y señala la influencia ganada por el crimen organizado. Si a todo esto se sumara otras realidades nacionales, como la negligencia institucional, la corrupción y la impunidad, ya se tiene el cuadro completo.
En este punto amerita volver a mencionar como un detalle que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado se lleva a cabo con solamente el 40% de los aparatos tecnológicos en funcionamiento. No funcionan las cámaras del Sistema 911, como tampoco nunca llegaron a funcionar los tan caros y publicitados botones de pánico. Todo esto es mucho más que desinterés o descuido; en realidad se trata de una criminal negligencia criminal.
Urge que el Gobierno ofrezca respuestas, pues la ciudadanía tiene derecho a una existencia segura y con calidad de vida, y es obligación del Estado trabajar por el bienestar de todos.
