Desde hace años se viene discutiendo el tema frente al rechazo de un sector que prefiere defender los intereses particulares de una proporción mínima de la población en lugar de promover el bien común con la implementación de políticas de amplio alcance.
La mayor parte de las intervenciones públicas son de baja cobertura y para mejorar su calidad se requieren más insumos, infraestructura y capacitación a los encargados de ejecutarlas. La producción de alimentos necesita mayor infraestructura en caminos y mercados vecinales. Paraguay no cuenta con buena formación para el trabajo y mucho menos con políticas laborales.
Las instituciones fiscalizadoras de la calidad del trabajo deben ampliar su cobertura para lograr una mayor formalización del empleo.Las micro, pequeñas y medianas empresas y la agricultura familiar requieren instrumentos financieros que les garanticen acceso a créditos y seguros, capacitación para mejorar la calidad y competitividad de sus productos y mercados con precios justos. Para la calidad de vida y el desarrollo del país se requieren mejores políticas públicas debido a la existencia de bienes públicos que ameritan la participación estatal, así como de múltiples fallas de mercado.
Las estadísticas oficiales muestran que el país ha avanzado en las últimas dos décadas, pero lo ha hecho muy lentamente, lo que no ha permitido que se iguale a países como Chile, Uruguay o Costa Rica. En algunos indicadores está retrocediendo, como en los de nutrición y acceso a la tierra, lo que debería ser motivo de preocupación.Es urgente recaudar más para financiar las políticas públicas que necesitan los paraguayos y paraguayas y cuyos derechos están constitucionalmente establecidos.
No se puede seguir postergando el cobro de impuestos que benefician al país. Los principales detractores del cobro de impuestos son quienes justamente no necesitan de la salud y la educación pública ya que pueden recurrir al sector privado.
En muchos casos gracias a sus honorarios pagados con los impuestos de la ciudadanía que no tiene acceso a servicios básicos. Es realmente vergonzoso escuchar justificaciones falaces, alejadas de la evidencia empírica provenientes de investigaciones sobre casos exitosos en el mundo y, sobre todo, poniendo en primer lugar los intereses de sectores privilegiados en lugar del bien común.Urge una discusión basada en el respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución y en argumentos consistentes y con datos e información rigurosa. No es posible seguir postergando el bienestar de las personas y el desarrollo del país.
