El contrabando constituye una de las peores formas de violación de la soberanía nacional y la incapacidad de las autoridades para controlarla es una clara señal de su falta de compromiso con el bienestar de la población.
El contrabando de alimentos provenientes de la agricultura perjudica a una amplia proporción de población campesina y urbana que con mucho esfuerzo produce, muchas veces para apenas subsistir, pero no logra ubicar sus productos en el mercado debido a la competencia desleal de la producción de los países vecinos.
Esta situación desanima el trabajo de campesinos y campesinas que sin mayor ayuda del Estado logran ofertar el resultado de su esfuerzo, pero con exiguos beneficios económicos. La entrada irregular de productos impide que los trabajadores agrícolas y sus familias cuenten con ingresos suficientes para garantizar una vida digna y, a veces, ni siquiera para superar la pobreza.
Una segunda consecuencia negativa es la falta de control del origen de los productos, por lo tanto, también se pone en riesgo la salud de quienes consumen así como la producción nacional, al dejar entrar bienes que podrían traer consigo algún tipo de enfermedad o plaga. Países como Chile o Uruguay no dejan entrar ni siquiera una fruta para consumo personal y doméstico, mucho menos toneladas de alimentos sin supervisión.
La entrada irregular no solo afecta a los bolsillos de los productores sino también a las arcas del Fisco, impidiendo que el Estado cuente con recursos genuinos para financiar más y mejores políticas públicas.
La ilegalidad generada al abrir o utilizar una ruta para el contrabando es, por un lado, la consecuencia de un aparato estatal débil para hacer cumplir las normas, pero por otro lado, es el factor causante de la erosión de los cimientos de la institucionalidad, ya que trae consigo extorsiones, chantajes, pagos ilegales o coimas y tráfico de influencia.
El contrabando crea y recrea las condiciones que permiten debilitar los cimientos del sector público en los tres poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno, configurándose un círculo vicioso muy difícil de abandonar cuando se consolida.
Todos los poderes del Estado deben ejercer su rol y desempeñar las competencias que el marco constitucional y legal les otorgó. Los controles fronterizos, la fiscalización en los puntos de venta, el cobro de multas y hasta penas carcelarias deben ser implementadas por funcionarios públicos íntegros y debidamente protegidos.
El combate al contrabando debe ser una prioridad por los importantes efectos negativos en los ingresos campesinos, en la calidad de alimentos que consumimos en el país y en la institucionalidad pública. El fracaso en esta lucha muestra no solo la incapacidad de las autoridades, sino fundamentalmente ausencia de compromiso con la gente.