Editorial

Urge evitar que la Justicia se siga paralizando a base de chicanas

La telaraña de chicanas presentada por los abogados defensores del senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, es una muestra de cómo se pueden paralizar o frenar los procesos judiciales a connotados políticos acusados de actos de corrupción, logrando que la ciudadanía confíe cada vez menos en el sistema de Justicia. Hace tiempo que apelar a recursos e incidentes se ha vuelto una manera de consagrar la impunidad ante los delitos. Los magistrados, jueces y ministros de la Corte que lo hacen posible son cómplices de esta grave irregularidad, que daña severamente el funcionamiento de la democracia. Solo una activa movilización de la ciudadanía puede romper este vergonzoso círculo.

De poco sirve que algunas altas autoridades y conocidos políticos acusados de hechos de corrupción sean finalmente imputados y procesados por la Justicia, ya que a través de las innumerables chicanas que presentan sus abogados –y que son fácilmente admitidas por fiscales, jueces y magistrados, y avalados por los miembros de la propia Corte Suprema de Justicia– lograrán paralizar la causa judicial e incluso conseguirán evitar ir a la cárcel. Esta es una creencia generalizada en la población, que lleva a creer cada vez menos en la administración de la Justicia, y que se sigue confirmando con el desarrollo de varios sonados casos abiertos en el Poder Judicial.

Un actual ejemplo es lo que sucede con las investigaciones fiscales y judiciales abiertas en contra del conocido caudillo de la región del Alto Paraná y senador del Partido Colorado, Javier Zacarías Irún, y su esposa, la ex intendenta municipal de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Tras una serie de denuncias periodísticas y una creciente movilización ciudadana, el senador Zacarías Irún y su esposa resultaron imputados en dos causas, pero han logrado evitar que las mismas avancen, con base en numerosas chicanas.

En una de las causas, por lesión de confianza, en la que el senador Zacarías está procesado en carácter de instigador, el mismo debía comparecer ante la jueza de Ciudad del Este Cinthia Garcete, el pasado 9 de abril, a fin de que la misma resuelva si decretaba o no su prisión preventiva. Sin embargo, la audiencia debió suspenderse porque la defensa presentó incidentes de nulidad en contra de la imputación y de la admisión. Aunque la jueza los rechazó, ahora deben ser estudiados por una Cámara de Apelaciones.

Tan solo en esta causa, según la fiscala Josefina Aghemo, desde que se inició la investigación los defensores del clan Zacarías Irún ya plantearon 21 incidentes y recursos para dilatar el proceso. De este modo, se evita avanzar en la indagación acerca de un perjuicio contra la Comuna esteña estimado en 2.174.672.900 guaraníes.

El senador colorado y su esposa también están imputados por presentaciones de declaraciones juradas de bienes de ambos ante la Contraloría General de la República en las cuales supuestamente se omitieron bienes y cuentas. El pasado 4 de abril, la defensa de los Zacarías logró suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares al promover un recurso de reposición en contra de la resolución que los citó, argumentando que está pendiente de resolución un pedido para anular el acta de imputación. El juez Gustavo Amarilla decidió posponer la diligencia hasta tanto se resuelva el pedido de anulación.

Aunque existen proyectos de modificar la legislación para evitar el uso abusivo de las chicanas, las iniciativas no prosperan porque a quienes manejan el sistema no les conviene.

Hace tiempo que apelar a recursos e incidentes se ha vuelto una manera de consagrar la impunidad ante los delitos. Los magistrados, jueces y ministros de la Corte que lo hacen posible son cómplices de esta grave irregularidad, que daña severamente el funcionamiento de la democracia. Solo una activa movilización de la ciudadanía puede romper este vergonzoso círculo.

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