Editorial

Urge evitar que el caso niñera de oro quede en la impunidad

La Sala Penal de la Corte confirmó la condena por el delito de cobro indebido de honorarios al ex senador colorado Víctor Bogado y a su niñera de oro, Gabriela Quintana, declarando inadmisibles los recursos que plantearon las defensas para intentar revertir las sentencias de un año de cárcel para el ex legislador y un año y medio para la ex funcionaria. Sin embargo, queda una última posibilidad que puede favorecer a la impunidad: solicitar un recurso de aclaratoria, que debe ser resuelto antes del 24 de octubre, plazo de prescripción de la causa. Las autoridades judiciales también deben rechazar cuanto antes esta última opción, para evitar que uno de los casos más emblemáticos de corrupción quede sin castigo.

Tras innumerables dilaciones y chicanas, finalmente el ex senador colorado Víctor Bogado y su denominada niñera de oro, Gabriela Quintana, no pudieron evitar que la Justicia les alcance y deban responder por uno de los más emblemáticos casos de corrupción.

Recientemente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel Ramírez, Miryam Peña y Gustavo Santander, declaró inadmisibles los recursos de casación promovidos por las defensas de Bogado y de la coprocesada Quintana. De esta manera, las condenas que habían sido dictadas por un Tribunal de Sentencia, durante un juicio oral realizado en mayo de 2019, han quedado firmes, ratificando los fallos de un año de cárcel, con suspensión de la ejecución, por cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice para Bogado y de un año y medio por cobro indebido de honorarios en calidad de autora para Quintana.

Como se recordará, el caso de la llamada niñera de oro fue sacado a luz por publicaciones de prensa en 2013. Los reportajes revelaban que la joven Gabriela Quintana había sido contratada en 2008 por la Cámara de Diputados hasta el 30 de julio de 2009, como asistente en la oficina del entonces diputado Víctor Bogado, quien firmaba las asistencias en sustitución de la funcionaria, mientras que ella en realidad no concurría a la oficina estatal, sino que realizaba labores como la niñera personal de sus hijos, pero pagada con dinero público. La supuesta niñera, que luego fue nombrada oficialmente funcionaria de Diputados en 2010, citaba en su legajo laboral como referencias personales a Víctor Bogado y a Guadalupe Aveiro, entonces esposa del legislador.

También se reveló que Quintana fue contratada en 2013 por la entidad binacional Itaipú, a pedido de Bogado, trabajando y cobrando al mismo tiempo en dos instituciones estatales, situación prohibida por la Constitución.

El caso fue investigado por la Justicia, pero ante la gran cantidad de chicanas y dilaciones que presentaron los defensores de Bogado y Quintana, pudo llegar a juicio oral luego de seis años, cuando ya estaba a punto de cumplirse el periodo de prescripción. Paralelamente, Bogado fue privado de su investidura en el Senado y perdió su condición de legislador, con el voto de 35 senadores. Solo su correligionario Juan Darío Monges votó para que no sea echado durante el tratamiento del proyecto en una sesión extra de la Cámara Alta.

Tras la ratificación de la condena por la Sala Penal de la Corte, Víctor Bogado deberá pagar 20 millones de guaraníes en forma mensual, durante dos años, para no ir a prisión, monto que deberá ser distribuido a diez instituciones, sumando en total 480 millones. Por su parte, Gabriela Quintana deberá devolver la suma de 71.683.460 guaraníes a la Itaipú Binacional y pagar mensualmente 2 millones de guaraníes a la Cruz Roja, durante dos años.

Ahora queda una última posibilidad que puede favorecer a la impunidad: solicitar un recurso de aclaratoria, que debe ser resuelto antes del 24 de octubre, plazo de prescripción de la causa. Las autoridades judiciales también deben rechazar cuanto antes esta última opción, para evitar que uno de los casos más emblemáticos de corrupción quede sin castigo.

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