La resolución del juez Carlos Meza, quien instruyó el sumario al ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, Pablo Lezcano, y a los funcionarios que integraban el comité de evaluación: Mirta Morán, Gustavo Cuevas, Pedro Santander, Diego Sosa, Augusto Portillo y Larizza Ginés, recomienda aplicar solamente 30 días sin goce de sueldo a Lezcano y 20 días a los demás.
Se esgrime que el ministro, Julio Mazzoleni, no aportó los documentos requeridos para probar la participación de los acusados, a pesar de que organismos, como la Contraloría General de la República (CGR) y la Comisión Especial de Control y Supervisión de Compras Covid, que preside el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, aportaron contundentes informes sobre las irregularidades.
El caso tiene que ver con la adjudicación por vía de la excepción, bajo argumento de urgencia impostergable, que Salud hizo a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, pertenecientes al denominado clan Ferreira, para la compra de insumos y equipos médicos. El monto total del contrato era de más de G. 85.200 millones. Sin embargo, diversas denuncias alertaron de que los miembros del Comité de Evaluación solo firmaron un acuerdo ya previamente establecido por sus superiores. La propia Contraloría emitió un informe, asegurando que “la adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas”.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud debió rechazar la compra, asegurando que los insumos y equipos no reunían las condiciones técnicas requeridas, anunciando la apertura de un sumario a los involucrados y planteando finalmente una denuncia ante la Fiscalía.
Otro informe de la comisión Giuzzio también aseguró que no había consistencia entre las fechas de designación del Comité de Evaluación del Ministerio de Salud y el inicio del trabajo de sus miembros, confirmando que suscribieron el acta de una compra ya decidida. “Fue un intento de estafa contra el Estado paraguayo”, había ratificado Giuzzio.
A pesar de esto, el ministro de Salud, que asumía posturas firmes en cuanto acciones sanitarias, se mostraba tibio y vacilante las veces que se le preguntaba sobre la corrupción. La resolución del sumario confirma los peores temores ciudadanos. Castigar con solamente 30 y 20 días sin goce de sueldo es una burla para la población que permaneció casi seis meses en cuarentena, perdiendo sus fuentes de empleo y de ingresos, esperando que se equipe en buenas condiciones el Sistema de Salud, cosa que no ocurrió por culpa de la corrupción y la inoperancia estatal.
La sociedad no debe facilitar una afrenta tan escandalosa de las autoridades del Gobierno y de los sectores de poder.
