Un grupo de diputados, principalmente pertenecientes a partidos de oposición, presentaron en la sesión del miércoles en la Cámara Baja la propuesta de enviar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) como al Ministerio Público un informe que había sido presentado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), denominado “Illicit Tobacco Trade” (Comercio ilícito del tabaco), con los resultados de la investigación realizada por la Fundación para la Defensa de las Democracias, titulada Influencias externas emergentes en el Hemisferio Occidental, que contiene un detallado estudio sobre casos de contrabando, lavado, tráfico ilícito de cigarrillos, entre otros crímenes conexos, detectados principalmente en 2012.
Según los impulsores de la iniciativa, si bien dichos informes son públicos, sus registros hasta ahora han sido ignorados, tanto por el Ministerio Público, la Seprelad y otros organismos de control en el país. Por ello, la intención era que dichos datos, que involucran entre otros actores a la empresa tabacalera del grupo empresarial del ex presidente Horacio Cartes, sirvan también como insumo para las reuniones con los miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que actualmente llevan a cabo una serie de sesiones de evaluación sobre las acciones del Estado paraguayo en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos, pero los integrantes del oficialismo colorado en Diputados, con apoyo de algunos aliados, lograron trabar la iniciativa por 38 votos contra 23.
En la propuesta rechazada se pedía que las instituciones a las que se pretendían remitir los documentos conformen una mesa técnica para evaluar los datos suministrados por organismos internacionales. En uno de los informes se habla del impacto del comercio ilícito de tabaco, cuya principal consecuencia que “afecta a los gobiernos, las empresas privadas, los trabajadores y la sociedad...”, es la privación de ingresos fiscales (evasión). A esto se añaden el deterioro de la salud pública y el serio impacto económico que ocasiona el tabaquismo.
El documento concluye, entre otros puntos, que “el Paraguay es considerado la principal fuente de comercio ilícito de cigarrillos en Occidente”.
Como hecho pintoresco, en el debate previo al rechazo, el diputado cartista Justo Zacarías calificó de “riesgoso” y “peligroso” remitir a otros órganos nacionales un informe sobre asuntos que, según él, no son responsabilidad de Diputados. Otro legislador del mismo grupo, Basilio Núñez, habló de que remitir los informes podría entenderse como un tráfico de influencia indebido, ya que la Cámara de Diputados no debía “coaccionar a otros poderes”.
Cabe preguntarse: si la lucha contra la corrupción en el país no les interesa a los diputados, ¿qué es realmente lo que les interesa? O como explícitamente lo planteó la diputada liberal Celeste Amarilla, en medio del pleno: “¿Qué queremos ocultar? ¿Que ahí se mencionan algunos contrabandos, líderes o amigos?”.
Una vez más, los legisladores oficialistas demostraron que prefieren ser cómplices de la corrupción antes que colaborar en su combate y erradicación.
