Opinión

Una prueba de fuego

Fernando Boccia Torres – fernando-boccia@uhora.com.py

A medida que se fueron apagando las posibilidades de un juicio político al presidente y al vicepresidente en el futuro inmediato, el protagonismo de la Fiscalía en el embrollo ANDE-Velázquez-Joselo fue creciendo en los últimos días. Una vez más, como tantas otras en nuestra historia reciente, el Ministerio Público enfrenta la posibilidad de cambiar radicalmente el panorama político a través de lo que haga o deje de hacer.

El caso se inició hace casi dos semanas. La fiscala general, Sandra Quiñónez, conformó un equipo de fiscales para investigar la posible comisión de los delitos de lesión de confianza y traición a la patria en las negociaciones y la firma del acta bilateral para la compra de energía de Itaipú. Desde entonces, las actuaciones de los investigadores despertaron sospechas.

La carpeta fiscal se abrió, según informó oficialmente la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por un abogado en contra del ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez, el ex embajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier Caballero y el ex director paraguayo de Itaipú José Alderete.

Usualmente, al investigar una denuncia la Fiscalía apunta la pesquisa hacia las personas denunciadas. En este caso, la Fiscalía primero decidió escuchar los testimonios de todas las partes involucradas para luego decidir hacia dónde dirigir la investigación y qué hechos punibles se configurarían. Es decir que, por ahora, no hay personas indagadas.

No tardó mucho para que abogados penalistas y referentes del derecho cuestionen el criterio poco ortodoxo de la Fiscalía. Advirtieron que convocar a Joselo Rodríguez como testigo es un error que perjudicaría una eventual imputación en su contra. Vale recordar que él admitió públicamente haber mentido al invocar el nombre del presidente y del vicepresidente de la República en una negociación de una empresa internacional con el Estado. No hace falta ser abogado para entender que, incluso en su intento de defensa al vicepresidente, Joselo se incrimina en el delito de tráfico de influencias.

La táctica de la Fiscalía permitió que los fiscales llamen a declarar como testigos al ministro de Hacienda, al vicepresidente de la República y hasta al mismo presidente Mario Abdo Benítez. Al ser llamados a declaraciones testificales, no solo todos están obligados a acudir, sino también a contar la verdad, a diferencia de la declaración indagatoria, en donde uno puede abstenerse de declarar e incluso puede mentir. La estrategia fiscal es, cuanto menos, problemática, ya que la Constitución establece que nadie está obligado a declarar en su contra.

Los testimonios obtenidos hasta ahora dejan algo en claro, según admiten los propios fiscales a la prensa: Existe una “contraposición” entre la declaración de Pedro Ferreira y las de Hugo Velázquez y Benigno Ferreira. Ferreira dice que Velázquez presentó a Joselo como su asesor, mientras que los otros dos niegan esto. Alguien claramente no dice la verdad.

Por otro lado, el papel que hasta ahora jugó la prensa en el escándalo fue fundamental: Los medios revelaron hasta qué punto realmente eran cercanos Joselo y el vicepresidente y cómo hasta presionaban en concordancia a los altos mandos de la ANDE, como un equipo de dos.

Lo que queda claro es que la pelota está en la cancha de la Fiscalía. La mera imputación al vicepresidente forzaría un juicio político. No obstante, varios son los penalistas que advierten que el equipo de fiscales embarró su propia cancha al implementar una táctica tan inusual.

Esta investigación es sin dudas una prueba de fuego para la institución. El cartismo fue quien salvó a Velázquez y Abdo de la destitución vía impeachment. Los alcances del acuerdo que selló la unidad granítica en la ANR todavía se desconocen. No sería la primera vez que la impunidad judicial se negocia en el ámbito político. ¿El Ministerio Público será parte de la gran alianza colorada? Las acciones de la Fiscalía nos darán la respuesta en unos días más.

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