Nuestro país está ubicado en los últimos lugares de cualquier lista que categoriza a los países por su nivel de desarrollo. Los bajos niveles de educación, salud, infraestructura vial y digital, la mala calidad de los servicios públicos como agua y saneamiento, energía eléctrica, transporte público y la falta de la seguridad jurídica obstaculizan el aumento de la productividad y el clima de negocios necesarios para un crecimiento económico sostenido en el largo plazo, resiliente y con efectos multiplicadores en el mercado laboral.
La cobertura de los servicios, además de baja, está concentrada en el sector urbano, en algunos departamentos y en los quintiles más ricos. La pobreza monetaria y multidimensional afectan de manera particular a la niñez, a las mujeres, a las poblaciones rurales y a los pueblos indígenas. La reducción de las desigualdades exige políticas específicas y diferenciadas, hoy inexistentes.
Revertir esta situación requiere fuertes inversiones. Paraguay tiene los peores indicadores de inversión en todos estos ámbitos, lo que explica las bajas coberturas y mala calidad de la gestión pública. Los países de la región mejor posicionados en los indicadores de desarrollo, incluidos los netamente económicos como el nivel de productividad, de inversión extranjera directa o de industrialización, realizan un esfuerzo fiscal sustancialmente mayor que nosotros.
Ante la incapacidad para recaudar de manera genuina, la solución encontrada por los dos gobiernos anteriores fue el endeudamiento. Sin embargo, no es posible apelar a esta respuesta indefinidamente. De hecho, una parte relevante del endeudamiento se ha destinado a pagar compromisos anteriores.
El tercer componente de la política fiscal, el sistema tributario, no ha verificado cambios en casi una década a pesar de los desafíos que enfrenta el país en necesidades de financiamiento y de sostenibilidad de la deuda. El Estado recauda poco y mal. Ningún país del mundo ha logrado mejorar sus indicadores económicos con la presión tributaria que tiene Paraguay y menos aún basada en impuestos indirectos. La sostenibilidad de la deuda debe financiarse con recursos genuinos y permanentes, es decir los impuestos. De otra manera deberán realizarse ajustes, que la experiencia mundial señala que se realizan en ámbitos fundamentales para la calidad de vida o el crecimiento como la infraestructura o el gasto social.
Por supuesto, la calidad de gasto no puede dejarse de lado. La eficiencia del mismo debe ser priorizada, ya que no solo contribuye a aumentar la calidad, sino también la legitimidad del Estado. Cuando la ciudadanía siente que se gasta bien, tiene mayor predisposición al pago de los impuestos, tarifas y otras contribuciones.
Adicionalmente, se está empezando a vislumbrar un problema mayor que es el retorno económico de la deuda. Después de 10 años de fuerte inversión en infraestructura, no se observan cambios sustanciales en la competitividad o en la capacidad productiva y de adaptación al cambio climático. Esto lleva a analizar la pertinencia de las obras realizadas y de realizar los cambios necesarios en el rumbo de las próximas a implementarse.
La política fiscal es el principal instrumento económico que tiene el Estado para ejercer los roles que le otorgan la Constitución y las leyes y para cumplir las promesas electorales. Sus principales componentes son el gasto, el sistema tributario y la capacidad de endeudamiento. El buen manejo de estos es esencial para un crecimiento económico con efectos multiplicadores en el empleo, el financiamiento de servicios públicos universales y de calidad y la reducción de las múltiples desigualdades existentes. Pero ello requiere reformas estructurales, valentía y compromiso con la patria.
