Las quejas ante los responsables de la institución educativa solo sirvieron para hacerla sentir culpable a la víctima, que terminado el año escolar fue trasladada por los padres a otra institución, ya que la mala experiencia afectó a su rendimiento escolar.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía, el 18 de octubre del año pasado, y caratulado como hecho punible a determinar. La causa es investigada por la fiscala Liliana Denice Duarte.
Los hechos se registraron en una institución educativa religiosa de ciudad Presidente Franco, donde en todo momento minimizaron el hecho, lo que ocasionó que los padres recurrieran ante la Supervisión zonal, pero la que intentó ayudarles fue tras-ladada, conforme con las denuncias.
La madre también recurrió ante la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia y la Codeni de la Municipalidad de Presidente Franco, donde tampoco tuvo apoyo. Amnistía Internacional realizó un seguimiento al caso ante la falta de respuestas del Ministerio de Educación y Ciencia.
Sin embargo, a consecuencia de las publicaciones que había realizado en sus redes sociales, en las que mencionó el caso sin nombrar a ninguna persona, ahora los directivos de la institución educativa le querellaron, pidiendo una suma de G. 40 millones y una retractación pública a través de varios medios de comunicación masiva. EM