Cuando el criterio de modificación de las leyes es racional, el principio es el mejoramiento del instrumento que establece las reglas de juego para determinadas actividades. Cuando es irracional, en cambio, obedece a maniobras de sectores que no quieren ceñirse a las normas y pretenden acogerse a los beneficios de la impunidad.
La Ley 3.966 Orgánica Municipal que acaba de aprobar el Parlamento y promulgar el Poder Ejecutivo, en sustitución de la anterior, es el típico caso de la manipulación de algunos bandos que consiguieron adeptos - e incautos- en el Congreso para hacer aprobar un proyecto redactado, en parte, a imagen y semejanza de sus intereses, sin importarles el daño que pudieren causar y la facilidad que otorgan a los que desean usar la cosa pública discrecionalmente, sin fiscalización alguna.
La eliminación de la DNCP como organismo contralor de las adquisiciones y contrataciones de los municipios, con facultades de intervenir y parar incluso los procesos mal encarados o irregulares, es un grave atentado contra la transparencia. Las comunas pueden hacer ahora lo que les venga en ganas, sin atenerse a ninguna norma orientada al correcto uso del dinero proveniente de Itaipú o de los impuestos y tasas.
Es cierto que la nueva ley dice, en su artículo 201, que el control externo quedará en manos de la Contraloría General de la República. Sin embargo, en la práctica, atendiendo a la gran cantidad de instituciones a atender y la limitación de su personal, esta norma será de cumplimiento imposible casi en todos los casos. Además, no podrá intervenir en casos puntuales como lo hacía la DNCP, atendiendo, incluso, a denuncias periodísticas.
La consecuencia de este instrumento legal vigente será el descontrol de las licitaciones - las públicas y las de concursos de ofertas- y en general del dinero que ingresa a sus arcas, ya sean por recaudaciones del propio gobierno local o provenientes de aportes externos.
Conociendo la propensión de intendentes y concejales - que solo en parte cumplen su función de contralores internos de las comunas- a la corrupción, la nueva ley les abre un grifo de discrecionalidad que tendrá efectos muy negativos para el desarrollo de las comunidades. Los malos manejos administrativos, de hecho, serán premiados por la impunidad.
Ante esta situación, es imperioso que los legisladores revean la ley que acaban de sancionar para hacer las modificaciones. Las correcciones a hacer no atañen únicamente a la ausencia de control, sino que también a otros aspectos que afectan seriamente a grupos que ahora tienen otro escenario legal.