No pasaron muchas horas cuando en redes sociales y en la mayoría de los medios de prensa se revelaron los antecedentes de Fernández García, a quien los directivos de la empresa que fabrica la célebre marca de automóviles en Italia desautorizan como su representante en Latinoamérica y asegura que soporta varias demandas judiciales por el usufructo de su signo comercial. En sucesivos reportes se fueron conociendo más detalles del presunto inversor, entre ellos que posee cédula de identidad paraguaya y que fija residencia en la ciudad de Pilar.
El detalle más llamativo fue aportado por las declaraciones de un ejecutivo paraguayo, directivo de una empresa local dedicada al ensamblaje de automóviles, quien reveló que ya en 2017 el inversor mexicano le propuso encarar juntos el negocio de importar autos de procedencia china y colocarles la marca italiana que él aseguraba detentar, propuesta que fue rechazada por ser considerada una operación totalmente ilegal.
Aunque la propia ministra Cramer y otros referentes del Poder Ejecutivo asumieron públicamente que la audiencia concedida al cuestionado empresario mexicano fue “un error” e incluso “un papelón”, con promesas de investigar y aclarar debidamente lo ocurrido, no se conoce hasta ahora que se hayan adoptado medidas correctivas, ni que los responsables del bochornoso episodio que generó todo tipo de burlas y memes en las redes sociales y en los medios de comunicación hayan sido debidamente sancionados o separados de sus cargos. Por el contrario, referentes del Gobierno, como el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, intentaron minimizar el episodio.
Lo sucedido, sin embargo, no puede quedar en lo anecdótico. No es la primera vez que en el entorno del Ejecutivo se producen hechos que revelan la poca seriedad y el alto grado de improvisación con que se manejan los temas de Estado. Uno de los casos anteriores, que tuvo que ver con un acta que se firmó con el Brasil en forma secreta para comercializar la energía de Itaipú, generó incluso la más grave crisis política que casi ocasionó un juicio político para destituir al presidente.
El episodio deteriora aún más la ya corroída figura del primer mandatario, a poco más de un año de gestión. Al no aplicar sanciones a los responsables de esta situación, Mario Abdo reafirma la imagen de que no tiene colaboradores capaces. Urge tomar medidas que eviten seguir exponiendo al país a casos de bochorno internacional.