La Constitución de 1992, con la perspectiva de que en democracia el control de los que administran los bienes públicos es un asunto esencial, creó la Contraloría General de la República. En consonancia con su artículo 283, fue sancionada la Ley 276/94 que establece su funcionamiento y delimita sus atribuciones.
Su artículo 9, parágrafo a, dice que le compete “el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los del Banco Central y los demás bancos del Estado o mixtos, los de entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como de las empresas del Estado o mixtas”.
Históricamente, hubo un consenso de que la Contraloría debía estar en manos de la oposición. Con ese criterio se pretendía cerrar una vía de complicidad posible entre los administradores de la cosa pública de un gobierno con los fiscalizadores de su gestión.
En los hechos no siempre funcionó el presupuesto porque la corrupción no es patrimonio exclusivo de un partido político como quedó demostrado.
Hasta el último contralor, que renunció ante la inminencia de su destitución por vía del juicio político en la Cámara de Diputados, se había cumplido con la práctica de designar a un contralor ajeno al signo político del Poder Ejecutivo. Esa tradición, sin embargo, se rompió al ascender el subcontralor al rango de contralor siendo del partido gobernante y, además, del mismo movimiento de la máxima autoridad de la República.
Esa situación trae aparejado un escenario en el que el nuevo contralor resulta, al mismo tiempo, juez y parte en relación a sus correligionarios del Gobierno.
Entonces, la desconfianza de entrada hacia el rol que ha de cumplir es fundada.
Ante esta realidad objetiva, el contralor Camilo Benítez Aldana, quien al asumir prometió mejorar la imagen de la institución a su cargo transparentando el trabajo de la institución, tendrá que demostrar al país con hechos que no amparará a corruptos ni de su partido y movimiento ni de ningún otro partido. La ciudadanía está expectante de su comportamiento.
Sobre la institución pesa la negra fama de ser un órgano que “resuelve” las irregularidades detectadas en los registros de uso del dinero en las instituciones públicas, a través de coimas blanqueadoras, antes que un ente fiscalizador honesto del correcto destino de los aportes de los que pagan sus impuestos remitiendo los antecedentes a la Fiscalía.
Es de esperar que el contralor en funciones deje de lado su militancia partidaria para asumir el rol de la apuesta a favor del control eficaz de la manera en que las instituciones públicas emplean los fondos, guiándose por los parámetros de actuación que le marca la ley. De lo contrario repetirá la triste historia de sus predecesores, que desprestigiaron la institución en vez de honrarla.
