Opinión

Una desigualdad personal

Las declaraciones hechas por el senador cartista, Javier Zacarías Irún, en las que reconoció que no pagaba el impuesto a la renta personal (IRP) hasta antes de asumir como legislador, es una especie de "sincericidio", prerrogativa que hasta hace poco pensábamos que era exclusiva de Carlos Portillo en el Honorable Congreso Nacional.

Iván LisboaPor Iván Lisboa

A modo de ilustración, el IRP es un impuesto que se abona sobre las ganancias, a una tasa del 8 y 10%, dependiendo del nivel de las ganancias y de un rango mínimo establecido por ley. En teoría, es abonado por quienes más ganan en el país, es decir, los más ricos.

Si lo pagan los más ricos, ¿por qué entonces no lo hacía el senador Zacarías Irún? Todo indica que fue una orden superior en el anterior Gobierno.

Mientras la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), bajo la administración de Marta González, se cansó de aplicar extrema rigurosidad en casos aparentemente menos importantes como la presentación tardía de las declaraciones juradas del IVA o cambios de domicilios fiscales, en casos como el del legislador no tuvo el mismo ímpetu.

Resulta difícil creer que alguien como el marido de la intendenta de Ciudad del Este pasara desapercibido para el primer anillo del Fisco. Una institución que se cansó de repetir que era el bastión de la transparencia, debió empezar su tarea por casa.

Más difícil es creer que alguien con el recorrido del senador cartista no supiera que debe pagar el IRP, con el agravante de que es de profesión abogado.

Un tema aparte son las contradicciones en las que caen él y su abogado. Primero dijeron que no le correspondía pagar el gravamen por no haber tenido un salario. Cuando se les hizo ver que estaban equivocados, le culparon a la contadora por un supuesto error conceptual. Finalmente esta segunda tesis tampoco pudo ser sostenida y saltó una tercera: se pagó lo correspondiente al IRP, pero bajo concepto del Iracis. Una maraña de argumentos que parecen apuntar más a confundir que a esclarecer el asunto.

Luego de 5 años, parece que tanto el Ministerio Público como la Administración Tributaria abrieron los ojos, no sin antes haber sido presionados por la ciudadanía. La serie de allanamientos y controles impositivos, están destapando una olla que desde hace años venía aguantando firmemente la presión.

La gente necesita señales de cambio y esta investigación, junto a las llevadas adelante contra los González Daher y otros legisladores, pueden servir de palanca para devolver la esperanza a la ciudadanía.

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