16 jun. 2025

Una abogada es denunciada por paraguayas deportadas

Llegaron cerca de la medianoche del viernes al aeropuerto Silvio Pettirossi. Se quejaron de los malos tratos de una abogada que trabaja para la embajada de nuestro país en España. Sus familiares las esperaban.

Trece paraguayas llegaron a nuestro país cerca de la medianoche del viernes, tras ser deportadas de España. La mayoría era aguardada por sus familiares. Denunciaron malos tratos de parte de una abogada que trabaja para la embajada del Paraguay en aquella nación europea.
Las mujeres llegaron al aeropuerto Silvio Pettirossi, donde eran aguardadas por sus parientes. Las lágrimas primaron en las compatriotas apenas tocaron suelo paraguayo. Todas habían viajado con la intención de conseguir un trabajo para poder sustentar a sus familias.
Tomasa Martínez de Ramírez, de 42 años, una de las deportadas, se quejó del maltrato que recibió de la abogada Julia Marina Alegre García, quien trabaja para la embajada paraguaya en España.
Explicó después que como no hay trabajo en nuestro país, gastó nada menos que 20 millones de guaraníes para viajar a España, pero al final fue deportada.
La misma llegó al aeropuerto de Barajas, en Madrid, el pasado 18 de abril de este año, a las 20, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Buenos Aires.

RETENIDAS. Al llegar la mujer al control migratorio no pudo presentar los documentos que justificaran el objeto y las condiciones de su estadía, por lo que la Policía Fronteriza comunicó el caso y se le formó un proceso, donde fue asistida por la abogada Alegre García.
Al no poder justificar esa situación, el jefe del Puesto de Control Fronterizo dispuso que se le denegara la entrada y que debía retornar el día 19 de abril pasado, en un vuelo que salía a las 22.05, hora española. Todas las mujeres estaban en la misma situación.
Informaron también que hay muchos paraguayos en la misma situación que ya son retenidos en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde se les forma el proceso y son deportados.
La fiscala Teresa Martínez, que atiende los casos de trata de personas, había explicado que hace unos quince días una jueza de la Corte española resolvió que las personas indocumentadas que ya trabajan en ese país no debían ser expulsadas, sino que se les debería cobrar una multa. En este caso las mujeres no entraron, por lo que no se les aplica esta decisión.