El abogado defensor Maximiliano Rusconi, quien fue designado la semana pasada, argumentó que los cinco días que le concedió el tribunal eran “insuficientes” para leer un expediente que tiene aproximadamente 64.000 hojas.
Menem pasó seis meses de prisión domiciliaria en 2001, acusado de liderar una “asociación ilícita” para esas actividades de contrabando, pero recuperó la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara los cargos. EFE | Ampliar imagen
Pero el tribunal consideró que “el debate fue fijado hace cuatro meses” y la ausencia de alguno de los abogados a la lectura de las acusaciones “no altera” el ejercicio del derecho de defensa de los procesados.
Rusconi también destacó que Menem aún no se realizó los exámenes médicos complementarios para conocer su estado de salud, tal como lo exigió el tribunal, que en su respuesta intimó a que se completen estos estudios en un plazo de tres días.
Ante la incertidumbre generada sobre si el ex presidente está imposibilitado de trasladarse desde La Rioja, su provincia natal, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 dispuso que la lectura de la acusación contra el ex mandatario (1989-1999) se realice a través de una vídeo conferencia el próximo 28 de noviembre.
Además de Menem, que permanece en “reposo absoluto” debido a “un cuadro de anemia y estrés”, según explicó su defensa días atrás, otras 17 personas son enjuiciadas en el proceso que comenzó el pasado 16 de octubre.
Están sentados en el banquillo de los acusados el ex asesor presidencial Emir Yoma, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, el traficante de armas Diego Palleros y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, entre otros.
El juicio por contrabando de armas es el primer proceso judicial que se abre en el país contra un ex gobernante democrático.
Menem pasó seis meses de prisión domiciliaria en 2001, acusado de liderar una “asociación ilícita” para esas actividades de contrabando, pero recuperó la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara los cargos.
Los jueces deberán establecer si hubo un desvío en el destino de 6.500 toneladas de armas y municiones que tres decretos firmados por Menem autorizaron a enviar a Panamá y Venezuela, pero que terminaron en Ecuador y Croacia.
Estos dos países recibieron desde 1991 a 1995 municiones, cañones y fusiles producidos por la estatal argentina Fabricaciones Militares, en un momento en que estaba en vigor una prohibición internacional de proveer armamento a Croacia y Ecuador.
