A pesar de haber sido constantemente acosada y amenazada por su celoso ex concubino, Celia Raquel Romero no recibió ninguna acción de acompañamiento de parte de las autoridades que la hubiesen ayudado a permanecer protegida ante nuevos ataques, hasta que el pasado 2 de diciembre fue hallada inerte y cubierta de sangre, luego de haber recibido 36 puñaladas en el interior de su vivienda, en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Celia permaneció en agonía durante 10 días hasta que finalmente falleció, convirtiéndose de este modo en la mujer número 36 de las que este año han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.
La violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un hecho cotidiano en nuestro país. El informe sobre los derechos humanos 2016, divulgado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), sostiene que cada 5 días una mujer o una niña es violada y cada 11 días una de ellas es asesinada por razones de género.
“Si a ello se le suman las 15 mujeres que fueron víctimas de intento de feminicidio, tendríamos que en nuestro país cada semana una mujer corre peligro de vida por el solo hecho de ser mujer, por vivir oprimida, dominada y desprotegida por un Estado que, sin embargo, tiene el compromiso de garantizar una vida libre de violencia de género”, destaca el informe.
Esta alta cifra de casos le da mayor valor a la nueva Ley “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que luego de mucha polémica fue recientemente aprobada en el Congreso, que aún debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo.
Esta ley introduce la figura del feminicidio como figura penal, tipificándola como crimen autónomo, con una pena de 10 a 30 años.
Pero la promulgación de esta importante ley como un nuevo instrumento jurídico no resultará suficiente si desde el propio Estado no se establece un mecanismo de prevención de nuevos casos, y que permita brindar protección a las mujeres que ya han sido agredidas o amenazadas, y que permanecen vulnerables a merced de nuevos ataques de sus ex parejas.
“La mayoría de estos asesinatos podrían haberse evitado, ya que son casos en donde la víctima recurrió a la Justicia para solicitar protección”, sostiene el informe de la Codehupy. Organismos como la Fiscalía y la Policía deben involucrarse más activamente en este proceso, generando protocolos de rápida respuesta cuando se presenten denuncias de violencia contra las mujeres, y principalmente creando sistemas para evitar que el agresor las siga acosando. Hace falta además una mayor labor educativa de concienciación, para ir cambiando la tradicional mentalidad machista que impera en nuestra sociedad.