Para Borrell, leyes como las referentes a los “agentes extranjeros” y a la ciberdelincuencia y reformas como las que plantea cadena perpetua para los “poco definidos” delitos de odio no harán sino “endurecer las restricciones sobre los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales” en el país centroamericano.
LEY POLÉMICA. La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó el lunes la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que impide para las elecciones de 2021 las candidaturas de personas que promuevan golpes de Estado. “Es otro paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense y aleja al país aún más del Estado de Derecho”, en palabras de Borrell.
Teme por las restricciones que puedan sufrir “opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil” como resultado de esta batería de medidas y ha instado al Gobierno de Daniel Ortega a respetar sus propias leyes y los instrumentos internacionales de DDHH.
“Los ciudadanos nicaragüenses deberían poder ejercitar sus libertades de expresión y asociación de forma efectiva”, dijo Borrell, quien reclamó la implantación de los acuerdos sellados en marzo de 2019 entre el Gobierno y la oposición, de tal forma que se garanticen las reformas requeridas para “garantizar unas elecciones justas y transparentes” en noviembre de 2021.
La UE “apoya un diálogo urgente inclusivo” sobre estas reformas electorales, por considerar que son “un paso esencial para restaurar la confianza”. En este sentido, el político español afirmó que el bloque está dispuesto a colaborar de forma “constructiva” para lograr “una salida pacífica y democrática a la crisis” que atraviesa Nicaragua desde las protestas de 2018, cuando perdieron la vida más de 300 personas. Europa Press