Las elecciones encuentran nuevamente al país en un terreno de impunidad para delitos electorales en internet e incluso en el financiamiento político, cuya ley no es rigurosa con la rendición de cuentas de los gastos del candidato en esta área.
Días atrás, el juez electoral de Central, Modesto Núñez, remitió una nota a la fiscala electoral de Central, Sandra Ledesma, destacando a la propaganda electoral en redes sociales como infractora del Código Electoral, por lo que solicitó una investigación y sanción.
Sin embargo, como no existe regulación específica ni protocolo, este ámbito continúa sin ser pasible de castigo.
Núñez insistió en que mediante una resolución del TSJE se estableció que la propaganda electoral en vía pública para las internas partidarias está permitida desde el 16 de noviembre, y en los medios masivos de comunicación, desde el 6 de diciembre, culminando ambas el 15 de diciembre. Según su criterio, esto afecta también a internet.
“Las denominadas redes sociales, a las cuales se accede a través de la red internet, son consideradas medios de comunicación modernos, según la Unesco. Al ser calificadas como medios de comunicación están obligadas a respetar los plazos para la realización de propaganda electoral”, manifiesta la nota.
Las organizaciones políticas están obligadas a cumplir con el plazo de la propaganda electoral dispuesto en el artículo 290 de la Ley 834/1996 que establece el Código Electoral Paraguayo.
El juez se refirió a los periodos de veda y mencionó denuncias puntuales de publicaciones en Facebook donde candidatos instan al voto al elector fuera de tiempo.
No obstante, esta no es la única infracción. El gasto y la rendición de cuentas son una deuda de la regulación que propicia el financiamiento con dinero ilícito. Una investigación de la organización Tedic reveló que existen subregistros en cuanto a propaganda en internet y que una gran cantidad de candidatos aparecen con una millonaria suma invertida en Facebook, pero en su rendición de cuentas declaran gasto cero en publicidad, es decir, sin transparencia. Las facturas que son publicadas hablan de pagos a empresas en este servicio pero sin categorización. Tampoco hay intervención del Ministerio Público para investigar irregularidades o violaciones a la Ley de Financiamiento Político.
Encuestas. El trabajo de las encuestadoras igualmente vienen atravesando por una situación de descrédito y no hay parámetros de control por parte de la autoridad electoral.
La experiencia de Brasil señala que para evitar la difusión de datos no rigurosos en encuestas, es necesario abrir un registro de las encuestadoras con detalle del método y la toma de muestras. También estas empresas deben rendir cuentas sobre los plazos, medios de difusión y financiamiento.
Desinformación. Otra deuda pendiente es la regulación para evitar la desinformación en periodo electoral, propiciada por bandos políticos mediante noticias falsas. Por eso, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió actuar en el último tramo de las elecciones presidenciales.
Las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y otros, cuentan con un máximo de dos horas para eliminar las publicaciones afectadas por una orden judicial. Antes, este plazo era de 24 horas, según informa el medio internacional El País. Esta orden puede alcanzar a usuarios que replicaron estos contenidos falsos y crearon posteos similares.
Paraguay vivirá elecciones internas el 18 de diciembre y generales el 30 de abril, pero ni siquiera cuenta con discusión al respecto.
El TSE de Brasil se reunió por iniciativa propia con representantes de las compañías de internet como Meta y Google.
Denuncias. La ciudadanía pueden denunciar propaganda fuera de tiempo en Central al (0291) 432-750 o al (0983) 392-608.
