21 jun. 2025

TSJE está atado por falta de ley de control de propaganda

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, confirmó que están atados de pies y manos para controlar dos elementos importantes en el proceso electoral: la propaganda en redes sociales que se da mucho antes del plazo, y los gastos millonarios en precampaña que no se declaran.

Aseguró que lo que sí controla la institución es el gasto por propaganda electoral en redes sociales. Indicó que se realiza un monitoreo de los datos disponibles en Meta, propietaria de las plataformas de Facebook e Instagram, y el monto obtenido en gasto en propaganda política es contrastado con la rendición de cuentas del candidato, basada en la ley de financiamiento político.

“El periodo de gasto electoral comienza desde el día siguiente de la oficialización hasta el mismo día de la elecciones. Por lo tanto, vamos controlando, estamos monitoreando las redes sociales, a través de Meta, uno puede saber qué candidatos están pagando y hacen pautaje. Tenemos totalmente identificados. Lo único que nosotros vamos a tener que contrastar es con la rendición de cuentas que van a presentar los candidatos y los movimientos dentro de los 40 días posteriores a las elecciones y eso es así porque la ley establece esa forma de presentación de rendición de cuentas”, explicó el funcionario.

Fuera de plazo. En cuanto a la propaganda que se realiza en redes sociales mucho antes del plazo establecido, que es independiente del control de gastos por la ley de financiamiento, Ruiz Díaz dijo que se considera hecho punible, pero no cuentan con legislación para controlar y sancionar lo que pasa en internet porque la norma data de 1996. Además, la extemporaneidad se define como los días posteriores al vencimiento del plazo, no los anteriores. “Lo que es propaganda electoral antes del inicio no está previsto. Porque en ese caso las municipalidades tienen que regular, como el caso de propaganda callejera, porque la ley es del 96, no habla de redes sociales”, señaló.

Detalló que están estudiando casos de otros países, pero es difícil regular debido a que las redes sociales son empresas supranacionales. “Le podemos multar al candidato, pero la propaganda ya va a estar hecha y difundida. Estamos investigando nosotros, pero también necesitamos voluntad política”, subrayó.

Para controlar los gastos de precampaña que no se rinden, se necesita ajustar la ley, manifestó el director. “Ya estamos trabajando para ir ajustando las debilidades que tiene la normativa. Pero eso para el siguiente proceso electoral”, concluyó.

TSJE debe poner reglas. El analista político y coordinador de proyectos sobre Tecnopolítica y Democracia de Tedic, Leonardo Gómez Berniga, señaló que el TSJE está obligado a fortalecer su presencia frente a las redes sociales y establecer las reglas que corresponden a la publicidad y anuncios de los candidatos durante la etapa electoral. “Tiene que ayudar a que hayan conversaciones sobre los criterios de propaganda electoral en los juzgados para que también haya claridad acerca de cómo avanzar”, enfatizó.

Tedic realizó un estudio, tras las elecciones municipales del 2021, sobre el gasto electoral en Facebook en el marco de dichos comicios y concluyó que es necesario avanzar en un monitoreo de gasto electoral en redes sociales en el país. En la misma investigación detectó la implementación del microtargeting, que implica la segmentación de datos de los usuarios para incidir en el voto conforme a sus intereses.

“Eso es algo que ya está pasando y lo estamos viendo, incluso en estas elecciones, que se está usando la base de datos sin control con fines electorales, y eso es un peligro en un país que no tiene siquiera una ley integral de datos personales”, subrayó.

Gómez Berniga resaltó que se trata de una tendencia global cada vez mayor porque las redes sociales poseen un potencial frente a los medios de comunicación tradicionales; en cuanto al uso indiscriminado de la información de las personas en internet, la amenaza de la desinformación frente a la polarización política, los discursos de odio y la propia vulnerabilidad del Estado en los mecanismos de garantía en las elecciones.

Aseguró que todo esto podría constituir a las redes sociales en un espacio de riesgos, que tiene que ser entendido como algo que debe estar en discusión en el Estado.

El especialista afirmó que además existe un subregistro sobre campañas políticas porque no hay claridad.