El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fue designado para la causa por las supuestas facturas falsas contra el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, tras rechazar la impugnación que el magistrado había planteado contra la inhibición de su colega.
El fallo fue dictado de manera unánime por el Tribunal de Apelación de Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez.
En la causa, el abogado Andrés Casati se presentó como defensor del imputado Hugo Javier González, por lo que el juez José Agustín Delmás, se inhibió, según dijo, por imposición del superior, en el caso del clan Ferreira.
Esto había sido impugnado por el juez Otazú, quien había señalado que en la citada causa, el juez había dicho que desaparecieron las causales de inhibición del Delmás, para con Casati.
Por este motivo, impugnó la inhibición de su colega, por lo que el Tribunal de Apelación en lo Penal, tuvo que estudiar el pedido, para designar finalmente al juez de la causa.
En el análisis de los camaristas, señalan que la presentación de Casati fue el primer acto del procedimiento, por lo que había que admitir la intervención.
Después, analiza el fallo del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, donde señalaba que las anteriores inhibiciones por enemistad, en causas anteriores podrían producir una especie de parcialidad a lo largo del proceso, por lo que con ello, separó al juez. Los camaristas dicen que están de acuerdo con esa interpretación.
Así, rechazan la impugnación de Otazú contra su colega Delmás, y con ello, confirman al magistrado en la causa en cuestión, con lo que ahora el caso se destrabó y podrá continuar.
RECUSACIÓN. Por otro lado, el abogado Andrés Casati había recusado de nuevo al juez José Agustín Delmás, porque este había dado trámite a la apelación de las partes, contra la inhibición general de gravar y vender que se había presentado en el caso.
Sin embargo, con la decisión de ratificar al juez Otazú, finalmente, Casati iba a desistir de su recusación, de modo a darle continuidad a la causa por las supuestas facturas falsas.
