Fue rechazado por la Cámara de Senadores por considerar que afecta la seguridad jurídica y los derechos de propiedad intelectual adquiridos sobre patentes de invención en biotecnología. También indican que podrían apeligrar futuras inversiones y generar reclamos, en el marco de acuerdos internacionales con los países afectados.
El proyecto fue presentado por los colorados Pedro Alliana, Basilio Núñez, Colym Soroka, Jazmín Narváez y Carlos Núñez Salinas. “Bajo el amparo de la Ley de Patentes e Invenciones, estas compañías biotecnológicas imponen el pago obligatorio del canon de tecnologías genéticamente modificadas a razón de 17,75 dólares americanos por cada tonelada de soja producida en el país en el caso de que el productor no haya declarado en el momento de la compra de la semilla certificada, y de los análisis obligatorios efectuados por ellas, resultan que contienen al menos 10% de estos genes, en el momento de la entrega de los granos en los silos de acopio”, expone el proyecto.
Los diputados aseguran que este sistema de cobros va en contra de la soberanía productiva.
